La CUP y el derecho al robo

Nuria Vázquez entrevistó en El Español a Maria Rovira, concejal de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelona. Expone Rovira la reaccionaria actitud contra la tecnología y el turismo, y la absurda idea que presenta como ejemplo de participación el que «un 5% de estos presupuestos fueran decididos por los vecinos y las vecinas para empezar a generar una cultura de la participación y de la corresponsabilidad». El bulo de los «presupuestos participativos» no significa nada cuantitativamente, ni, por supuesto, se les deja a «los vecinos y las vecinas» la posibilidad de elegir no pagar impuestos o de exigir que bajen los existentes. Eso sí, en la CUP afirman que están en contra de las malvadas «políticas neoliberales», y todo lo quieren «decidir colectivamente».

Estos dislates son sólo el aperitivo. Preguntada doña María sobre las «okupaciones», se despachó sin ambages: «Ante las okupaciones que hacen vecinas para tener derecho a la vivienda no se criminaliza, sino que se entiende como una cuestión de derecho a la vivienda. Nosotros compartimos esa lógica y entendemos que la vivienda no debería estar en base a un valor del mercado, sino en base a su valor de uso. Por tanto, compartimos que sea permisiva con las okupaciones en tanto que se está garantizando un derecho social».

La concejala de la CUP nos brinda una joya totalitaria de principio a fin. No hay la más mínima referencia al derecho de la propietaria de la vivienda usurpada: esa «vecina» no existe, sus derechos no existen, y su libertad, obviamente, tampoco. Como la política del Ayuntamiento de Barcelona es «permisiva», los ladrones tienen derecho al robo, porque su robo no se «criminaliza», mientras que las propietarias no tienen derecho a no ser robadas.

No se trata de que no existan derechos individuales: está claro que para la señora Rovira el usurpador tienen derecho como persona a usurpar lo ajeno. Ese derecho individual existe. El que no existe es el derecho de la dueña del piso a conservar lo que es suyo, y a que Ada Colau la proteja a ella, y no al ladrón. Todo esto deriva de la primacía de los llamados «derechos sociales», unos derechos que no son de la sociedad, sino que el poder político y legislativo decide de quiénes son. Como se trata de derechos que exigen la violación de derechos individuales, es nuevamente el poder el que decide quién verá violados sus derechos.

La locura adopta el disfraz técnico-jurídico-económico con esa desopilante declaración que justifica el derecho al robo porque lo que importa de la vivienda no es su «valor de mercado», o sea, el determinado en libertad por los ciudadanos, sino su «valor de uso», lo que significa que el derecho de la dueña no vale nada, y el poder determinará a qué uso puede destinarse lo robado.

Y antes de que usted se lleve las manos a la cabeza, recordemos que esta violación de los derechos humanos es apenas un paso más de la consagración de los «derechos sociales» que defienden todos los partidos políticos.