La ilegalidad no genera derecho

El Parlamento de Cataluña instó una recusación contra tres magistrados del Tribunal Constitucional un día antes de que el Tribunal hubiera declarado la esencial inconstitucionalidad de la declaración soberanista aprobada por el propio Parlamento meses antes. Basaban esta recusación en declaraciones y artículos elaborados por los implicados, de los que extrapolaban una «animadversión fehaciente» hacia Cataluña y el nacionalismo catalán. En especial, contra el que suscribe se decía que «destila un discurso político contrario al proceso soberanista iniciado en Cataluña y trazas de desacuerdo con el nacionalismo y en defensa de la Constitución». De esta iniciativa se infiere con facilidad un actitud política que identifica de forma plena Cataluña y nacionalismo catalán, dejando fuera a los no nacionalistas e incluso a los nacionalistas que no estén a favor del proceso soberanista. Por otro lado, y dentro de un proceso ante un tribunal, se pretende generar una suerte de parcialidad de un miembro de la corte por su defensa de la Constitución contra un proceso que está fuera de los cauces constitucionales. Se intenta perpetrar una tensión jurídica entre la propia Constitución y su incumplimiento, como si fuera una acto de pura voluntad o asunción partidista acatar o no la norma suprema. Quienes actúan contra la ley, y no me refiero a la mera defensa del proceso en sí mismo, y además de rondón, descalifican a los sometidos a la obligación de hacer cumplir la Constitución, lo que hacen es colocarse fuera de la legalidad, porque entienden que la legalidad es una mera adhesión voluntaria a la norma. El art. 9 de la Constitución sujeta a los ciudadano –todos–, y a todos los poderes públicos a su cumplimento, esto es, no hay opción, no cabe más que el respeto a la ley. El diálogo se debe plantear dentro de los cauces legales, y actuar fuera de los mismos es una ilegalidad, y tiene ineludibles consecuencias.