Las prisas de Mas

CiU y ERC han puesto sobre la mesa su propuesta soberanista para legitimar su proceso de transición nacional. No han conseguido ningún apoyo. Es más, el líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, se desmarca de forma expeditiva y ha pedido que se retire para empezar de cero. A simple vista el nuevo paso de Artur Mas es un absoluto fracaso. Sin embargo, todo depende del cristal con que se mire. La estrategia nacionalista pasa por mantener encendida la cuestión nacional y focalizar en el soberanismo el debate político. De esta forma, el presidente ha lanzado su «cortina de humo perfecta» para camuflar bajo las alfombras los problemas que se le acumulan y le atenazan, para bular a los ciudadanos de Cataluña el debate social y para esconder un total desaguisado de gestión del nuevo gobierno de la Generalitat que apenas tiene un mes de vida. En el mismo momento de la toma de posesión del nuevo gobierno catalán, el cesante consejero de Territorio firmaba la mayor privatización de la Generalitat, la empresa Aguas Ter Llobregat, y la adjudicaba a Acciona. El gobierno catalán ingresaba con la operación 300 millones de euros y reducía el déficit en otros mil. La alegría duro poco. Apenas una semana después, un organismo de la propia Generalitat anulaba la adjudicación. En un ridículo sin precedentes, el consejero de Presidencia, Francesc Homs, anunciaba que la Generalitat pleiteará consigo misma en el Tribunal Superior de Justicia. El día 3 de enero, LA RAZÓN publicaba las intenciones del gobierno de Mas de pasar la tijera por los trabajadores públicos. La supresión de una paga extraordinaria, la reducción de salarios y el despido masivo en algunos colectivos como interinos y laborales, fue calificado por la Generalitat de especulación aunque reconocía que «pintan bastos» en el Capítulo I. Este fin de semana, el consejero de Economía, Andreu Mas Colell, en una entrevista en TV3 afirmaba que serían necesarios esfuerzos de los trabajadores públicos para reducir el déficit, no descartando ni los recortes salariales ni la supresión de una paga extra. Los despidos todavía no se reconocen. Todo se andará. Se presume una primavera caliente.

El mundo empresarial está revuelto. El próximo día 14 de febrero, las patronales catalanas –Fomento del Trabajo, PYMEC, AIJEC, ACEF, Cepyme y Cámara de Comercio de Barcelona– han convocado un acto de protesta en Barcelona. La deriva nacional, la subida de impuestos y la reactivación económica estarán sobre la mes para expresar el malestar empresarial por la actual situación y para exigir sensatez en momentos tan delicados. La Asociación de Empresas de Bebidas Refrescantes, por su parte, ha pedido amparo al gobierno central por la creación de un impuesto sobre sus productos. El argumento del ejecutivo catalán es dietético, es decir, que se gravan los productos que utilizan el azúcar. Sin embargo, el impuesto no afecta a la bollería o a la pastelería. A este malestar, habría que añadir que tanto La Caixa como el Banco de Sabadell han comunicado a la consejería de Economía que no aumentarán su grado de exposición crediticia con la Generalitat. O sea, que si se necesitan más créditos habrá que amortizar antiguos. Las entidades financieras no quieren ver afectados sus ratios por créditos a una institución calificada como «bono basura». La noticia ha sido todo un jarro de agua fría para el gobierno catalán que necesita un mínimo de 18.000 millones para este 2013. Sólo podrá pedirlos al Fondo de Liquidez Autonómica por el ministro Montoro que sólo tiene un total de 23.000 para todas las autonomías.

Por si fueran pocos los males de cabeza, Artur Mas tiene un completo frente judicial abierto. Ha pasado casi una semana y el presidente catalán no ha echado una mano a Durán i Lleida en el caso Pallerols. Ni él ni ningún miembro de CDC. El silencio de los corderos no ha gustado ni una pizca en la sede de Unió. Algunos esperan devolver el favor si es imputado Oriol Pujol Ferrusola en el caso de las ITV. El secretario general del partido de gobierno se lleva también los problemas a casa. Su hermano Josep ha reconocido que ha regularizado con Hacienda dos millones de euros acogiéndose a la amnistía fiscal. La información publicada en «El Mundo» pone en tela de juicio la estrategia seguida en los últimos meses por el entorno de Mas y la familia Pujol. Todo es falso y es un ataque contra Cataluña, decían. El problema es que después del reconocimiento de Josep Pujol no es todo falso. Con esta acumulación de problemas no es de extrañar que Mas tenga prisa en situar el debate político en el ámbito nacional. Ni el judicial, ni el de gestión, ni el social le interesan lo más mínimo. Estos deben quedar en un segundo plano o debajo de las alfombras.