Los daños del escándalo

Desde los orígenes, el cristianismo viene advirtiendo del daño que al mundo hace esa publicidad que rodea a los pecados o delitos y que calificamos de escándalos. Más valiera atarles al cuello una rueda de molino para sumergirlos en el mar. En los últimos años, y no solo en España, se está produciendo el destape voluminoso de casos relacionados con el dinero, a los que se otorga brillante notoriedad. Primer dato a destacar: nos da la impresión de que es precisamente el dinero el eje importante de la sociedad humana y que las evasiones o franquicias de impuestos constituyen los delitos más graves. Desde que un proceso de este tipo comienza, se airea su publicidad y el hombre de la calle tiene la impresión de que se trata de instrumentos manejados por los partidos políticos en esa constante batalla que libran por el poder. Desde siempre los historiadores hemos venido advirtiendo que poder y dinero se encuentran estrechamente unidos en forma tal que uno permite adueñarse de otro.

Yo no voy a entrar aquí en ninguno de los casos concretos. Insistentemente se nos recuerda que ésta es cuestión de las instituciones de justicia y de los organismos encargados de vigilar el pago de los tributos. De acuerdo. Pero en el fondo de la conciencia aparece la duda: ¿cuando se da publicidad al mal no se causa indirectamente daño al ciudadano corriente? Si alguna de las figuras capitales de un partido experimenta en su persona los efectos de la corrupción, todos los demás miembros del mismo sufren un daño que se torna visible en la descalificación de los propósitos. Esto sucedió en la Edad Media cuando los judíos tenían que dedicarse a funciones financieras porque les estaban prohibidas las demás. Algunos judíos, tomando precauciones para asegurar su capital, incurrieron en la usura. Y entonces se identificó a toda la población hebrea con este pecado. Y así se llegó a decir incluso en decretos o pragmáticas que judaísmo y usura eran equivalentes.

Pues bien: hemos entrado en una fase de la conducta política que parece inclinada a repetir tal error. El hombre de la calle tampoco puede librarse de esa sensación que afecta al Estado en un momento en que parecía haber alcanzado madurez en las garantías de libertad; se siente inclinado a considerar el sistema de partidos como el responsable de esas desgarraduras, a veces profundas. Y de este modo se inclina a favorecer movimientos que proponen un retorno al pasado sin que se les exija una meditación inteligente para un programa de soluciones. Podemos es curiosamente la fórmula escogida por el más reciente de los populismos, que no necesita racionalidad; apela a los sentimientos de defraudación, cólera o desconfianza que las masas sienten en su propia sangre. Y el error puede ser todavía mayor si las conciencias no despiertan a su tiempo debido.

Estamos repitiendo el daño que causara en su tiempo la Inquisición. Las novelas o el cine nos empujan a creer que este tribunal era una especie de instrumento terrible. Los historiadores sabemos que el recurso al tormento o el número de sentencias condenatorias pronunciadas quedaban muy por debajo de lo que significaban los tribunales ordinarios. Torquemada no fue, como se nos hace creer, esa especie de tirano escogido por los reyes, ni tuvo intervención en procesos mezquinos o calumniosos como el del supuesto Niño de La Guardia, que nunca existió. Esos errores los cometían los tribunales ordinarios. Y, sin embargo, no cabe dudar del daño: cuando alguien, empujado por denuncias que permanecían en secreto, pasaba por el Santo Oficio, aunque fuese finalmente absuelto, como fray Luis de León, Carranza o san Juan de Ávila, llevaba ya sobre la frente la marca de fuego del cainita.

Pues bien, lo que cualquier historiador puede descubrir es que hemos llegado, siguiendo el camino de la transición que se consideraba acertada, a una meta especialmente peligrosa: se difunde la conciencia de que quienes en ella participaron dieron precisamente pie a que se cometieran delitos, contra la Hacienda Pública, de los que procede un escándalo que deja tras de sí huellas indudables. ¿Cómo dudar de que el partido en el gobierno se encuentra involucrado también en los delitos –financieros, no lo olvidemos– que cometieron algunos de sus miembros relevantes? No puede dudarse, ni aquí lo pretendemos, del daño que los desvíos fiscales significan, pero, por extraño que nos parezca, hemos de reputar mucho mayores los efectos que se derivan del escándalo. Afectan al conjunto institucional de un régimen que parecía haber superado los defectos de una guerra civil y de un autoritarismo. Es la propia democracia la que parece afectada y con ella, el sistema liberal parlamentario.

Es hora de que los partidos políticos sustituyan el enfrentamiento por la eficacia cuando se trata de devolver a la sociedad el orden moral. Ahí está la clave evidente del problema: la sociedad occidental ha incurrido en una especie de quebranto interior en que el orden moral, de que depende también el progreso de la persona humana, ha sido sustituido por la voluntad cambiante de las mayorías. Y al final, el orden objetivo de la justicia, aparece seriamente alterado. La sociedad necesita recobrarse dentro de ese orden moral, consiguiendo que todos sus miembros se ajusten a él. Y esto es lo que en la educación pública parece haberse olvidado. La Universidad necesita retornar a ese punto del que partiera un cardenal arzobispo de Toledo, don Gil de Albornoz, cuando fundó Bolonia. Lo que importa no es tener más –dinero y poder–, sino ser más. Lo dijo Ortega y Gasset hace ya muchos años. El progreso consiste precisamente en eso, crecimiento de la persona humana. Los daños que los grandes delitos actuales, sean o no verdaderos producen en nosotros, están en el olvido de ese axioma. Si no hacemos que la persona crezca, no evitaremos los delitos y tampoco esas dos consecuencias del escándalo y la desconfianza hacia un sistema. Los daños, amigos, se pagan.