No salen las cuentas

La volatilidad de la situación política del país hace que el escenario de pactos, en unos casos, y la «sospecha de pactos», en otros, sea diferente cada semana que comienza. Sin embargo, lo que se mantiene inalterada es la ambición de poder.

El acuerdo del pasado domingo en Cataluña entre Junts pel Sí y la CUP sorprendió, en primera instancia, por las propias condiciones del mismo, y preocupó al tiempo, por las consecuencias que tendrá introduciendo nuevas tensiones en lo que se refiere a la unidad territorial del Estado.

Optar al poder no sólo es legítimo, es el objetivo de la acción política, en tanto es el vehículo necesario para la transformación social. Otra cosa diferente es que alcanzar el poder se convierta ya no en el principal o único objetivo.

Contemplar la gobernabilidad de un país exclusivamente en términos de aritmética no sólo es un error de cálculo en sí mismo, sino que contradice la disposición de una idea clara de modelo social y de proyecto de convivencia.

Siempre he estado en desacuerdo con las coaliciones negativas, es decir, los acuerdos en contra de algo o en contra de alguien. Por su parte, las coaliciones positivas requieren dos condiciones previas: que lo deseen quienes tienen mucho en común y que sean numéricamente suficientes.

En Cataluña se ha producido un acuerdo entre quienes ambicionan el poder de tal manera que cualquier acuerdo que les permita mantenerlo es deseable y los que se zafan de sus principios y sus compromisos para coaligarse contra las instituciones del Estado.

En las Cortes Generales la situación tampoco es sencilla. El debate sobre posibles combinaciones de pactos ha dejado de tener al Partido Popular y al presidente del Gobierno como epicentro y se ha abierto toda una cadena de futuribles y de especulaciones, más o menos fundamentadas.

El intento de gobierno de progreso de socialistas junto a Podemos e IU, o como quiera que se llame en este momento, chocó con dos importantes realidades que lo imposibilitaron: las diferencias en cuanto a política territorial y modelo de Estado entre socialistas y Podemos y, en segundo lugar, aunque no menos importante, la necesidad del voto de partidos nacionalistas y separatistas para lograr la investidura, algo inaceptable para los socialistas, como debería ser obvio.

Sin embargo, ha aparecido en las últimas horas una nueva especulación sobre un posible acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE, que llevaría presuntamente a una votación de investidura en la que Podemos se vería en la tesitura de apoyar, bien un gobierno con un presidente socialista, o bien ser responsable de una nueva convocatoria electoral.

Las diferencias entre socialistas y Podemos son profundas, en la concepción y, en algunos casos, desprecio por las instituciones que exhibe el partido morado o el populismo de alta pureza y densidad del que hacía gala el sr. Juan Carlos Monedero cuando proclamaba «nada por encima del pueblo», en lugar de «nada por encima de la ley», que es mucho más republicano, en sentido cívico. Claro que el atractivo que tiene para él su proclama es que alguien deberá interpretar la voluntad de la sociedad y éstas no son las instituciones democráticas, sino el «guía del pueblo español».

Tampoco hay un terreno ideológico compartido con Ciudadanos, a quien, el sr. Pedro Sánchez ha calificado como las derechas junto al PP, por su programa económico y social, amén de su ideario acerca de los inmigrantes.

La suma de escaños entre socialistas y la bancada del sr. Albert Rivera alcanza 129 diputados, independientemente de lo que decidiese en ese hipotético escenario de investidura el Sr. Pablo Iglesias, las condiciones para la gobernabilidad del país serían realmente complicadas.

Todo aventura a que va a ser una legislatura corta, bien porque se vaya a producir una repetición de las elecciones, bien porque en un año y medio o dos años, después de la dificultad de sacar adelante unos presupuestos generales u otras iniciativas legislativas importantes, probablemente se convocarían nuevos comicios generales.

Mucho se ha especulado asegurando que unas nuevas elecciones en mayo tendrían como máximos beneficiarios al PP y a Podemos, en detrimento de C´s y PSOE. Lo que no es una especulación es que los dos partidos emergentes ansían el espacio político de populares y socialistas, respectivamente.

En esa clave, el interés electoral del sr. Rivera sería apoyar cualquier opción, PP o PSOE, que despejase el riesgo de nuevas elecciones. En principio, podría pensarse que el sr. Iglesias podría buscar impedir la investidura del sr. Sánchez, a no ser que que entendiese que la mejor forma de acabar con los 137 años de historia del PSOE fuese precisamente poniéndole al frente de un gobierno con grandes posibilidades de resultar fallido.

Estoy convencido de que los protagonistas políticos no están haciendo estos cálculos, porque la vida de 45 millones de personas está por encima de las ambiciones personales de nadie.