Pobres y asistenciales

Los partidos políticos están tratando de revertir el enorme agujero que arrastra la Seguridad Social con parches aparentemente inconexos: financiar las pensiones de viudedad y orfandad con impuestos, elevar el tope máximo de cotización o congelar sine die las pensiones máximas. Visto desde fuera parecería que apenas están dando palos de ciego buscando la tecla mágica que les permita salvar un sistema que se desmorona, pero en realidad están remando en una dirección muy específica: eliminar la contributividad del sistema público de Seguridad Social y reemplazarlo por el mero asistencialismo estatal. Por contributividad entendemos que la pensión percibida por un pensionista esté vinculada a las contribuciones que ha efectuado a lo largo de su vida laboral, a saber, «tanto has cotizado, tanto cobras»: se trata de un pilar fundamental de casi todos los sistemas occidentales de reparto, pues permite que el nivel de vida de una persona no decaiga abruptamente al jubilarse con respecto a aquel del que disfrutaba cuando estaba empleado. El asistencialismo estatal, en cambio, propugna entregar una misma pensión básica a todos los ciudadanos con independencia de los impuestos que haya pagado previamente, a saber, «pagas en función de tu renta, cobras como todos los demás». El asistencialismo tiene la ventaja de que es mucho más barato que el sistema contributivo, ya que todo son prestaciones básicas con un coste harto moderado para el erario. Su problema, empero, es que provoca un deterioro muy acusado del nivel de vida de muchas personas en el momento de jubilarse... salvo si esas personas suplementan su pensión básica con un fuerte nivel de ahorro privado. En este sentido, aquellos países de nuestro entorno que, como Dinamarca, han apostado por un sistema público de pensiones de carácter asistencial para minimizar su impacto presupuestario, compatibilizan ese asistencialismo con la promoción –incluso con la obligación legal– de que cada individuo gestione su ahorro personal para jubilarse con el monto de pensión que considere más adecuado a sus necesidades. Ése será justo el drama del sistema previsional español: por un lado, los políticos nos insisten en que las pensiones están totalmente aseguradas y en que podemos confiar en la Seguridad Social –desincentivando así el ahorro previsor–; por otro, proceden de tapadillo a aplicar enormes recortes para implantar prestaciones meramente asistenciales. Al final, pues, terminaremos con pensiones de miseria y sin ahorro personal para complementarlas.