Política de estado

Mariano Rajoy y su Gobierno están haciendo un esfuerzo extraordinario por combatir el independentismo nacionalista de la única manera posible: elaborando un consenso de las fuerzas políticas que vean en la destrucción de España algo ruinoso para todos, en particular para los catalanes. En otras palabras, el objetivo del consenso es tan importante como el de cerrar el capítulo del desafío soberanista.

Esta prudencia, que ha ido guiando todos los pasos del gobierno desde 2012, ha logrado que el PSOE respalde las decisiones que se han ido tomando. Como Podemos ha decidido implicarse en la afirmación de la Cataluña libre y soberana, sea lo que sea lo que signifique esto, PP, PSOE y Ciudadanos han creado las bases de una nueva disposición (hace años se habría hablado de «espíritu») que podría servir para la afirmación de unas políticas de Estado libres del perpetuo chantaje nacionalista. Es un éxito político gigantesco, y una novedad inédita desde 1978. Todas las instituciones están llamadas a moverse en esta dirección. No se trata de anular las diferencias de opinión ni de políticas. Se trata de hacerlas posibles mediante la aceptación de un marco común. Entre los motivos por los que nos encontramos en este punto está la pretensión de apropiarse de ese marco, que debería ser de todos, y el preferir el pacto con los nacionalistas antes que el acuerdo de fondo con quien debería ser el adversario.

La táctica había dinamitado la estrategia... suponiendo que la táctica no fuera la estrategia. Los restos de esta realidad se notan en la fragilidad del consenso recién forjado. El PSOE no deja de pedir un cambio constitucional, y lo mismo le ocurre a Ciudadanos, o a Rivera. El «pero», sin embargo, es por ahora menos importante que el «sí». Y este «sí», que supone más de la mitad de la derrota del soberanismo, implica también una forma de victoria capaz de no enajenar a la opinión catalana de la política española. Porque la segunda parte se va a jugar, más particularmente aún que la primera, en ese sector de la sociedad catalana abandonada por el Estado central y, como es lógico, desconfiada de cualquier respuesta unilateral y desmedida de este. En el fondo, ganará de verdad quien en este asunto mantenga una política de Estado.