¡Que devuelvan lo robado!

Entre las frases que más se escuchan en relación con la corrupción ocupa un lugar de honor aquella que exige que los culpables devuelvan lo robado. Yo comprendo la justicia de la exigencia al igual que la cólera que la provoca, pero –dicho sea con todos los respetos– no deja de parecerme una inquietante manifestación de ignorancia. Desconocedores de la realidad del estado moderno, estas buenas y encolerizadas gentes parecen creer que los políticos llegan al cajón donde se guarda el dinero público, meten la mano y arramblan con el efectivo. De acuerdo con esa visión, bastaría con hacer arqueo de lo que falta y exigir su reposición para satisfacer la justicia. La realidad es mucho peor. De entrada, un porcentaje elevadísimo de la corrupción transcurre por el mar proceloso de los presupuestos públicos. No se trata de que el político se lleve fajos de la caja, sino de que encamina las partidas a finalidades cuya causa real es enriquecer a determinadas personas y empresas. La construcción de ciertos aeropuertos, el trazado de aquellas carreteras, la financiación de cursos concretos, la subvención de medios afines, la promoción de culturas determinadas, la creación de esos observatorios son algunas de las formas de corrupción mediante las cuales los políticos benefician a amigos, paniaguados, clientelas y colaboradores. No necesitan forzar la cerradura de la caja ni llevarse los billetes en un maletín. Basta, a decir verdad, con firmar órdenes de pago. Para colmo, ese dinero no procede, en realidad, de los haberes del estado ni son fruto de las actividades rentables de empresas públicas. No. Hasta el último céntimo ha sido extraído, con razón o sin ella, de los bolsillos de los contribuyentes a través de los impuestos. En otras palabras, con reintegrar lo sustraído – insisto en que, proporcionalmente, es una parte mínima– no bastaría porque casi nada lo ha sido sino que se presupuestó. Por lo tanto, acabar con la corrupción no se soluciona con el «que devuelvan lo robado». Exigiría, primero, unos mecanismos de control de gasto y de gestión que no actúan; luego, una respuesta de los ciudadanos indignados por la manera en que se gasta el dinero público. Finalmente, implicaría que se devolvieran los impuestos cobrados a los contribuyentes cuyos bolsillos fueron vaciados para pagar esa corrupción. Esto último –con un déficit que incumpliremos este año y el que viene– no lo esperen.