Restringido

Resulta que en Dinamarca no hay salario mínimo

La Razón
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El debate ha servido para conocer algunas de sus principales propuestas electorales, pero también para constatar el grado de conocimiento (o desconocimiento) acerca de ellas. Algunos de sus principales errores fueron:

El falso fetiche del mercado laboral danés: Iglesias afirmó querer copiar la regulación laboral de Dinamarca para así incrementar en España el salario mínimo y encarecer el coste del despido. Asimismo, Albert Rivera afirmó pretender emular a Dinamarca para, a diferencia de lo que sucede con la reforma laboral del PP, potenciar la negociación colectiva. Sin embargo, y a diferencia de lo que cree Iglesias, en Dinamarca no existe salario mínimo interprofesional y la indemnización por despido es prácticamente inexistente (una media de tres meses de salario para trabajadores con más de diez años). La negociación colectiva en Dinamarca ha ido volviéndose cada vez más descentralizada (muchos asuntos se dirimen dentro de la empresa), que es justo lo que pretende hacer la última reforma laboral a la que Rivera dice oponerse.

El complemento salarial como subvención a empresas ineficientes: Rivera rechazó –con buen criterio– incrementar el salario mínimo pero defendió –con mal criterio– implantar complementos salariales para los trabajadores peor remunerados. Evolé le preguntó si no había riesgo de que esos complementos terminaran induciendo a los empresarios a no subir los sueldos y el líder de Ciudadanos rechazó tal posibilidad. La evidencia de EE UU, nos muestra que buena parte de esas ayudas salariales sí son absorbidas por los empresarios, quienes así pueden permitirse abonar menores salarios para contratar. Es decir, el complemento salarial es una subvención para mantener el tejido empresarial ineficiente.

Unas cifras de recaudación irreales: el líder de Podemos afirmó ser capaz de incrementar en 90.000 millones de euros la recaudación si, «según afirman los inspectores de hacienda», se equiparan «los tipos nominales a los reales». Primero, los inspectores de Hacienda jamás han hecho una estimación ni remotamente parecida: quienes sí lo ha hecho son los técnicos de Hacienda (agrupados algunos de ellos en torno al sindicado Gestha). Segundo, ni siquiera Gestha estima un potencial recaudatorio de 90.000 millones de euros: combatiendo el fraude fiscal confían –ingenuamente– en recaudar 38.000 millones. Tercero, la frase de Iglesias de «igualar los tipos nominales a los reales» no tiene ningún sentido en materia tributaria: no significa nada.

Ninguno sabe qué es una sicav: donde hubo un consenso casi absoluto entre Pablo Iglesias y Albert Rivera fue en atacar a las sicav. Iglesias las describió como «dispositivos para que los ricos no paguen impuestos» y Rivera como «patrimonios congelados que no tributan». En realidad, las sicav son un vehículo para gestionar el patrimonio financiero de un inversor acaudalado: el patrimonio gestionado no está congelado, como dice Rivera, sino que está en continua reinversión. Tampoco es cierto que no tributen: el régimen fiscal de las sicav es exactamente el mismo que el de los fondos de inversión. ¿Acaso las familias de clase media que invierten en un fondo no tributan por las ganancias de ese fondo? Tributan exactamente igual que los dueños de la sicav: un 1% sobre las ganancias todavía no distribuidas y entre un 19% y un 21% sobre las ganancias distribuidas. Si se cierran las sicav, también habría que cerrar los fondos de inversión. Aquí ambos recurrieron a la facilona demagogia antirricos.