Seguridad ciudadana

La Ley de Orden Público de 1959 era coherente con un régimen no democrático. Más que paz ciudadana buscaba proteger al régimen frente a los oponentes políticos. Se explica así que se tuviesen como alteraciones del orden público lo que ahora es el ejercicio de derechos y libertades. Estuvo vigente hasta 1992, es decir, sobrevivió catorce años a la Constitución, lo que significa que podía aplicarse en democracia si era interpretada según la Constitución, porque un concepto añejo en nuestras leyes como es el «orden público», rectamente interpretado, es válido. Ahora ya no se identifica con la persecución del oponente, sino con la garantía del libre ejercicio de los derechos y libertades, la persecución de lo que atente a la paz ciudadana o a la integridad de personas y bienes así como al normal desenvolvimiento de las instituciones.

En 1992 se derogó por la vigente Ley de Seguridad Ciudadana. En ella se abandona el concepto de «orden público» por el de seguridad ciudadana aunque, insisto, el «orden público» en sí es un principio válido. Ya lo dijo el Tribunal Constitucional: el «respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados por la Constitución es un componente esencial del orden público». Lo que lanzó a la fama a esta la ley –la «ley Corcuera», por razón del ministro que la impulsó– fue porque la Policía podía entrar en una vivienda sin autorización judicial, de ahí que fuese bautizada como «ley de la patada en la puerta».

Declarada inconstitucional en ese aspecto, tal declaración se basaba en que el orden público no puede ser invocado y aplicado por las autoridades gubernamentales como una cláusula preventiva frente a posibles riesgos sin que medie una intervención judicial de control y garantía. Como el ministro había comprometido su permanencia en el cargo a la constitucionalidad de la ley que llevaba su nombre, la fama de la norma culminó cuando el ministro cumplió su promesa y dimitió. Durante estos años se ha venido aplicando sin problemas, si bien muestra algún desfase ante nuevas formas de alteración de la paz ciudadana.

Se prepara una reforma de esa ley. No conozco el texto, pero por lo que se lee en los medios se deduce que sacará del Código Penal muchas faltas –medida hace tiempo reclamada– para convertirlas en infracciones administrativas; también que hace frente a las nuevas manifestaciones de inseguridad ciudadana. Aquí entra la polémica y salta la dicotomía derecha-izquierda. Ésta presenta el proyecto como una iniciativa represora, táctica que no abandonará aunque sea evidente lo contrario. La lucha política es la que es, y en ella se emplea una artillería retórica cargada de eficaces mentiras. Es preciso que en el imaginario popular se mantenga ese antagonismo, esa lucha de derechas contra izquierdas, que las primeras sean sinónimo de autoritarismo y las segundas de libertad.

Desde tal lógica, la izquierda sigue anclada en sus dogmas, el como que sólo ella tiene legitimidad moral para gobernar; que un gobierno que no sea de izquierdas es un accidente histórico que debe acabar cuanto antes –en concreto en cuanto arregle la economía y deje la despensa llena– y que lo que las urnas niegan debe recobrarse en la calle con agitación y lucha. Se entiende así que le enerve una ley que sanciona sus instrumentos habituales de lucha política en estos años: escraches, asalto al Congreso, quema de contenedores, manifestaciones salvajes, etc. Y en otro orden y en otras leyes anunciadas, le enerva que se plantee la persecución eficaz de los piquetes o, valga la redundancia, la amenaza y la violencia para impedir los servicios mínimos o amedrentar a los que no hacen huelga. Son las armas de quien ve en la agitación y en la alteración de la paz social y ciudadana su instrumento de lucha política.

En democracia las tornas se invierten: si en 1959 un sistema antidemocrático se protegía frente a la libertad, ahora un sistema democrático se protege frente a la agitación totalitaria. Hay que ser consciente de cómo se las gastan los adversarios de la democracia, por eso es necesaria la ley; pero aun más saber diferenciar entre la lógica y creciente indignación ciudadana y los profesionales de la agitación que buscan en ella su provecho.