Stop a Cataluña en Valencia

Da la impresión de que algunos partidos y organizaciones pretenden que la Ley no les afecte, mientras los contribuyentes, los ciudadanos normales, tenemos que someternos a ellas. Es lo que parece entender una asociación como Acció Cultural del País Valencià (ACPV), nutrida esencialmente de los fondos de la Generalitat catalana y afincada en la Comunitat Valenciana, que mantiene en funcionamiento dos radios ilegales, Catalunya Ràdio y Catalunya Informació y aspira a que el Gobierno lo pase por alto.

Evidentemente, el Ministerio les ha advertido de que, si siguen emitiendo ilegalmente, aplicará la norma y las sanciones correspondientes, 500.000 euros por instalación. Por lógica, los responsables han anunciado el cierre.

Para colmo, aparece un diputado de Esquerra Unida y lanza su crítica calificando la responsabilidad de que se cumpla la ley como «atentado frontal a la libertad de expresión». ¡Toma ya! Un representante del pueblo conminando al mantenimiento de la ilegalidad. Como reaccionó mi amigo Rogelio al conocer este desvarío, el parlamentario en cuestión debería recordar cómo y qué leyes se aplican en los países gobernados por su ideología marxista.

Hago esta reflexión exclusivamente desde el punto de vista de un país desarrollado, de un Estado de Derecho donde el imperio de la ley es incuestionable. La protesta del conseller catalán Homs es interesada, provocada por los objetivos finales que le une a estos movimientos, que se centran en atentar contra la identidad valenciana y alcanzar esa utopía de los «Países catalanes». No tienen bastante con sus ansias secesionistas, también las tienen anexionistas. Un dislate.

Espero que los valencianos tengan en cuenta en las elecciones autonómicas estas tesis aceptadas por los partidos que conformarían un posible tripartito si alcanzaran a gobernar nuestra Generalitat. Así es la vida.