Tic tac

La CUP ya ha puesto en marcha su particular cronómetro del chantaje, no tanto al gobierno de Puigdemont que al fin y al cabo sobrevive gracias al respaldo vigilante de una formación antisistema apoyada por no más de trescientos mil votantes, como al propio Estado, que ha visto desde las elecciones del pasado diciembre todo un elenco de acontecimientos que le hacen más vulnerable ante desafíos como el secesionista. El «cronómetro del observatorio del proceso» –que así lo llaman–, puesto en marcha como si fuera una bomba de relojería hasta finales de septiembre de 2017, cuando se pretende celebrar un nuevo referéndum separatista ilegal, puede convertirse en el «tic tac» de fondo, que más allá de señalar la deriva hacia ninguna parte en Cataluña, sea testigo de un periodo de debilidad estatal si el gobierno que previsiblemente nazca al final de este mes no lo hace con un mínimo de garantías de estabilidad.

Una cosa es que Rajoy esté dispuesto a ganarse día a día la gobernabilidad como apuntaba este fin de semana, lo que honra a una formación que gobernará en solitario con el menor número de escaños de nuestra historia democrática, y otra muy distinta es que ese esfuerzo para mantener el buen rumbo económico y otros grandes enunciados de interés general no se corresponda con una postura común de firmeza a cargo de los grandes partidos nacionales frente a un desafío secesionista más acentuado, si cabe, en estos últimos días contrastando curiosamente con un menor apoyo y fervor en la calle.

Casi nada es casual en política; la presidenta del parlament Carme Forcadell no dudaba en responder con la luz verde de la cámara autonómica a una consulta independentista tras conocer el traslado del Tribunal Constitucional a la Fiscalía de su posible caso de desobediencia y consiguiente procesamiento. Casi de inmediato, la mayoría agarrada con pinzas entre «Junts pel sí» y la CUP se ponía a la tarea de agilizar una batería de iniciativas legislativas encaminadas clara y directamente a promover la desobediencia civil generalizada. Una «batida» que, por si hacían falta más elementos en el desafío al Estado, ha venido a coincidir con una de las razones que colmaron el vaso de la crisis interna en un PSOE cuyos problemas arrancaban hace años coincidiendo con la indefinición y equidistancia en lo relativo a política territorial, una de sus históricas señas de identidad.

Nadie ha negado de forma clara y precisa que Sánchez e Iceta, en un último y desesperado intento por tejer un gobierno «multicolor» alternativo al PP, estuvieran tras el embrión de un acuerdo con el secesionismo –ese al que el ex secretario general socialista calificaba antes de ayer como «la otra derecha natural» con la que Rajoy debería entenderse para ser investido– acuerdo parapetado para variar, tras un nunca explicado modelo federal que esta vez, eso sí, reconocería como nación a Cataluña. Todo un aviso a navegantes. El PSOE se disputará con Podemos la referencia de oposición desde la izquierda, pero cuidado con la tentación de la equidistancia ante el cronómetro de la extorsión.