Una libra de carne

La banca vuelve a ser noticia. Desde que Shylock, para dar satisfacción a sus odios, exigió el pago de una libra de carne de su deudor, como pago del préstamo concedido, la relación entre los bancos y sus usuarios se ha debatido entre la necesidad y el abuso.

El sistema financiero es una condición sine qua non de una sociedad, sin el desarrollo económico que permiten los bancos seguiríamos anclados en la Edad Media.

Los ciudadanos son muy consciente de ello, por eso las crisis financieras siempre las ha pagado la sociedad, bien en forma de ruina de los ahorradores o desempleo y quiebra de los actores económicos, como en el crack de 1929 o dedicando la prioridad en el rescate bancario. Por ejemplo, desde el año 2008 Irlanda ha utilizado en torno a 100.000 millones de euros para salvar a su banca y España, entre inyecciones de capital, esquemas de protección activos, adquisición de activos financieros, SAREB y emisiones de deuda de bancos avaladas por el Tesoro Público, se calcula que ha dedicado un importe total de 219.397 millones de euros.

Es decir, siempre que la banca lo ha necesitado, ha estado el dinero del contribuyente. Sin embargo, el ejercicio de lealtad no parece haber sido recíproco. Solo hay que recordar la venta de las preferentes de Bankia o las hipotecas subprime, si la banca lo necesita, se la rescata, si lo necesitan las personas, se las deshaucia.

La polémica ha estallado en estos días por las denominadas «cláusula suelo». El Tribunal Supremo se ha pronunciado en varias ocasiones desde mayo de 2013, entonces condenó a BBVA, Cajamar y Abanca, anulando las condiciones abusivas de las hipotecas.

Esta semana, el juzgado número 11 de lo mercantil de Madrid resolvió la demanda de 15.000 usuarios contra 40 entidades en el mismo sentido que el alto tribunal, sentencia que podría ampliarse a 1.000.000 más de usuarios.

Los problemas judiciales de los bancos no acaban ahí. Lo que aún no está claro es la retroactividad que debe aplicarse, por eso se espera durante este mes otra sentencia, en este caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para determinar desde qué fecha deben realizar la devolución del dinero cobrado en las cuotas hipotecarias «de manera abusiva».

No hablamos del pago de una libra de carne propia, pero en muchos casos pueden suponer cuantías importantes en la economía familiar, por ejemplo, una hipoteca de 100.000 euros a 20 años, con una claúsula suelo del 4%, debería haber pagado en algunos momentos entre el 1 y el 1,5% de tipo de interés, esto supone que ha estado pagando un exceso en torno a 1.700 euros anuales. España atraviesa un problema de confianza, necesitan recuperar credibilidad la gran mayoría de instituciones en nuestro país. Cuando un pensionista acude a la sucursal bancaria de la esquina del inmueble en el que vive, necesita confiar en los consejos que le dé el director de la sucursal sobre qué hacer con sus ahorros, de la misma manera que cuando un joven solicita una hipoteca solo deba preocuparse de cuánto puede pagar y cómo lo va a hacer para poder desarrollar su proyecto vital y no tenga además que vigilar para que su banco no le engañe. Desconfianza que se extiende a la política, donde el desprestigio de las instituciones erosiona cualquier atisbo de confianza en los representantes públicos, a los medios de comunicación, a la judicatura y a todo lo que representan los cimientos de nuestra convivencia.

Pero salir de esta crisis de credibilidad general es difícil cuando hay entidades bancarias que están valorando recurrir las decisiones judiciales para no devolver el abuso cobrado. Cuando después de haber rescatado importantes entidades, como Bankia, que costó casi 24.000 millones de euros, no sabemos si finalmente será vendida a otro banco por una módica cantidad o cuando nadie reconoce que vamos a elecciones en junio y se sigue interpretando un sainete