¿Unas elecciones para reeditar el proceso?

Por fin el Gobierno ha aprobado recurrir a la aplicación del artículo 155 para abordar la crisis catalana. Ha habido hasta ahora una demasía en prudencia y proporcionalidad, fiándolo casi todo a la actuación del Tribunal Constitucional y de la Justicia ordinaria, torpe freno que no ha logrado detener la incontinencia nacionalista. A ésta debemos que, de hecho, Cataluña haya resuelto su independencia –tanto da su ambigua declaración– y se haya encaminado hacia la secesión. «Nunca debiera haberse producido una situación tan «inaceptable», como dijo el Rey en Oviedo. La cuestión ahora es saber si las medidas excepcionales aprobadas tendrán capacidad para restablecer la vigencia de la Constitución en Cataluña.

Digamos, para empezar, que el paquete del 155 que ha salido de La Moncloa va a suponer una intervención muy extensa de la administración y el Parlamento de Cataluña –en contra, por cierto, de los deseos minimalistas expresados por el partido socialista– cuyo objetivo es conducir a la región a una normalidad que permita la convocatoria de elecciones autonómicas. Ese paquete se refiere, en efecto a la sustitución completa del Gobierno de la Generalitat, extensible a todos sus altos cargos y personal de confianza, a la sujeción de los órganos administrativos y empresariales catalanes a las órdenes que emanen del gobierno de Madrid, a la suspensión de funciones parlamentarias esenciales –como la investidura del president y el control del Gobierno regional, que pasa al Senado en todo lo que concierne a la intervención– y a la limitación de su iniciativa legislativa –que se sujeta a la censura previa del Gobierno nacional–. En definitiva, estamos ante un vaciamiento político de la autonomía catalana, aunque ello no suponga cambio alguno en la atribución competencial que su Estatuto concede a la administración regional. Dicho de otra manera, el poder político-institucional de Cataluña se transfiere temporalmente al Estado en tanto se restablece la vigencia de la Constitución en su territorio.

¿Será esto suficiente para amainar las procelosas aguas catalanas en el plazo de un semestre o incluso menos, tal como enfatizó ayer Rajoy después del Consejo de Ministros? Ello dependerá, en primer lugar, de la reacción de los dirigentes nacionalistas, pues si como han anunciado declaran formalmente la independencia y ofrecen resistencia a ser sustituidos en el gobierno de Cataluña, habrá una etapa inicial de importante dificultad para imponer la intervención aprobada por el Senado. Además, nada garantiza que las fuerzas independentistas se vayan a conformar con el nuevo statu quo, pues ya han advertido de su intención de ganar la independencia en la calle. Y la calle es un lugar incierto en el que, como se demostró el 1 de octubre, pueden desbaratarse todas las intenciones de orden, sobre todo si las fuerzas encargadas de contener los tumultos carecen del respaldo político para emplear la fuerza, por supuesto dentro de la legalidad. Pero, en segundo término, está también el alcance del respaldo político del PSOE y Ciudadanos con el que cuenta Rajoy. Esos dos partidos tienen prisa por llegar a las elecciones regionales, lo que acortará sustancialmente los plazos, pues si los comicios se celebraran en enero, apenas habrá un mes para pacificar el ambiente antes de su convocatoria. Los socialistas han señalado, además, que no se comprometen en la ejecución del paquete intervencionista, lo que añade un obstáculo adicional a su realización.

Unas elecciones muy tempranas, por otra parte, seguramente no solucionarán nada. Si nos atenemos a la sociología electoral, todos los estudios que se han publicado en los últimos meses son nítidos al señalar que unas elecciones autonómicas en Cataluña conducirán a tres resultados: uno, la revalidación de la hegemonía nacionalista, aunque con una reordenación de las fuerzas que configuran este bloque, lo que le llevará a una mayor radicalidad; dos, el retroceso de los partidos constitucionalistas, que se verán imposibilitados para arbitrar una fórmula de gobierno, y tres, el reforzamiento del tándem Podemos-Colau, que adquirirá un papel clave para configurar cualquier mayoría parlamentaria –y que, seguramente, aprovechará para agitar el cotarro nacionalista en favor de su proyecto revolucionario para España–. Con estos mimbres es posible que el gobierno catalán que salga de las urnas ceda a la tentación de volver a reeditar el proceso secesionista. No obstante, tal vez esto pudiera frenarse si la sanción penal de los actores que han protagonizado, a cualquier nivel, el intento de independencia, se produjera con rapidez y severidad, lo que resulta harto dudoso. En definitiva, nos esperan tiempos de turbulencia y que en absoluto puede darse por ganada la batalla.