Urge una aclaración

A los 37 años de vigencia del texto constitucional parece razonable plantearse una revisión. Las materias son numerosas, pero de entre todas ellas la que tendría preferencia sería nuestra organización territorial. Parece mentira que aún, a estas alturas, sigamos con este debate, debate en el que se va desde cuestionar la unidad de España a discutir si debemos ir a un modelo federal, simétrico o asimétrico.

Las distintas propuestas que se han planteado en los últimos años no dejan de suscitar dudas precisamente porque, a ciencia cierta, no se sabe qué se quiere. No se sabe qué es el federalismo asimétrico, por ejemplo, y sus inspiradores no han llegado a poner encima de la mesa una propuesta clara, jurídicamente viable y, es más, económicamente sostenible, porque si el Estado autonómico ya sabemos lo que nos está costando cabe, al menos, dudar de si España daría para un Estado federal.

Por eso la propuesta de reformar para aclarar qué es competencia estatal y qué autonómica es sensata. La Constitución encierra hoy día un cuadro de competencias complejo y, pese a la labor del Tribunal Constitucional, hay materias que llevan a la incertidumbre: competencias exclusivas, compartidas, otras en las que el Estado fija las bases y las comunidades las desarrollan, más el juego de la cláusula subrogatoria, etc. arrojan un panorama que aboca al conflicto y a algo indeseable: la desigualdad por razón del territorio y la proliferación y redundancia normativa.

Esto crea inseguridad y traslada la idea de un Estado, si no en permanente estado de obras, asentado en terreno movedizo, conflictivo. Por tanto, todo lo que sea aclarar el cuadro de competencias Estado-comunidades autónomas debe ser bienvenido. Ya hay suficiente experiencia y doctrina constitucional como para dar con un cuadro que, al menos, genere certidumbre.