La Constitución mantiene la fortaleza que le brindó una abrumadora mayoría

En el Estudio de Tendencias Sociales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de noviembre de 2024, se sometió a valoración de los españoles siete organizaciones o instituciones. La única que aprobó, y lo hizo con 6.07 puntos fue la Constitución Española de 1978, mientras que el Gobierno de Sánchez y los sindicatos solo recibieron 3.59 y 3.47 puntos, respectivamente, ocupando la antepenúltima y penúltima posición. Las otras instituciones de la lista fueron, en orden descendente, el Tribunal Constitucional (4.81), la Justicia (4.67), las organizaciones empresariales (4.60), los medios de comunicación social (4.01), el Parlamento español (3,64) y en último lugar, los partidos políticos (3,19).

España ha tenido desde 1812 siete constituciones. Las más breves fueron las de 1812 (La Pepa) y 1869, con 2 y 5 años de vigencia, respectivamente. Les siguieron en longevidad la de 1931 y 1837, aunque con tan solo 8 y 9 años de duración. La Carta Magna de 1845, promulgada durante el reinado de Isabel II, tuvo una vida de un cuarto de siglo. Las dos más longevas han sido las correspondientes a las dos restauraciones de los Borbones en la Corona de España, la de 1876 y la de un siglo después, la de 1978. La primera se mantuvo durante 47 años, mientras que la segunda, cumple ahora 46 años, por lo que va camino de superar en breve a la de la primera restauración borbónica.

La actual Constitución ha permitido a España contar con el más extenso periodo de paz y prosperidad de su historia. Pero no fue un camino fácil. Antes de llegar al referéndum del 6 de diciembre, hubo que sortear no pocas dificultades. Las Cortes Orgánicas de Franco, tuvieron que aprobar el 18 de noviembre de 1976 el Proyecto para la Reforma Política, por 435 votos a favor y 59 en contra –con 13 abstenciones–, a instancias del Presidente del Gobierno Adolfo Suárez, nombrado por el Rey Juan Carlos en junio de ese mismo año. Este proyecto de reforma política fue aprobado posteriormente por los españoles en el referéndum del 15 de diciembre de 1976. Luego, en junio de 1977 se celebraron elecciones generales constituyentes, que votaron en octubre de 1978 sobre el Proyecto de Constitución con 551 votos a favor, 11 en contra y 22 abstenciones. Y de aquí surgió nuestra Constitución, que fue refrendada por el pueblo el 6 de diciembre de 1978.

Se da la circunstancia de que la región que más apostó por la futura Carta Magna fue Cataluña, pues allí se refrendó la Constitución con un 90,4 por ciento de votos afirmativos, un porcentaje superior a la media del conjunto de España, que se situó en el 87,9 por ciento. Además, el rechazo al proyecto de Constitución fue menor en Cataluña que en toda España; 4,7 por ciento frente al 7,8 por ciento. Años después, en octubre de 2017, las autoridades de la Generalidad de Cataluña demostraron una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado incumpliendo la Constitución, con la culminación del llamado Procés y la convocatoria de un referéndum de independencia ilegal. Debiendo corregirse con la aplicación del artículo 155 de la Constitución para restablecer la legalidad en la región. Esa misma Constitución ha permitido el autogobierno de Cataluña mediante su Estatuto de Autonomía, y a la vez arma al Estado para poner fin a la sedición.

Las fuerzas políticas que más se opusieron a la aprobación de nuestra actual Carta Magna, fueron la triada formada por ERC, BNG y lo que ahora se llama EH Bildu, Herri Batasuna entonces. Mientras que el PNV hizo gala de su atávica cobardía y promovió la abstención en el referéndum. 46 años después los enemigos de la Constitución Española siguen estancados en un porcentaje aproximadamente idéntico al del plebiscito de diciembre de 1978: el voto negativo alcanzó el 7,8 por ciento. En las últimas elecciones generales de julio de 2023, la suma ERC+BNG+Bildu+PNV+Junts+CUP quedó en el 7 por ciento. Estos partidos representan la línea roja que no debe pisar un partido de Estado por responsabilidad histórica y defensa del orden constitucional.