La destrucción de una ciudad y «cuán largo me lo fiais»

Assar Lindbeck (1930-2020), economista sueco, formó parte durante 25 años del comité que elige al Premio Nobel de Economía. Profesor de la Universidad de Estocolmo, criticaba la utilización indebida de los subsidios, advertía de que la picaresca –también en Suecia- es sobre todo lo que destruye el Estado del Bienestar y consideraba un disparate las jubilaciones anticipadas o a edades hasta cierto punto jóvenes. También fue famoso porque escandalizaba a sus alumnos con su teoría de que «los controles de renta –de alquileres– parecen constituir la técnica más eficiente entre todas las conocidas para destrozar una ciudad...con excepción del bombardeo».

Nadia Calviño es posible, incluso probable, que sepa quién es Lindbeck, pero es dudoso que alguien más lo conozca en el Gobierno –facciones Yolanda Díaz y Unidas Podemos– y quizá menos aún en las filas de ERC o de Bildu, que apoyan el electoralista proyecto de Ley de Vivienda que aprobará hoy, si no hay sorpresas, el Consejo de Ministros, y que presentará como una de sus medidas estrella fin de legislatura. Sánchez por su lado, Montero y Belarra por el suyo y también Otegi y Rufián quieren enarbolar, cada uno por su lado, el intervencionismo en la vivienda como su penúltima baza electoral. Mientras Unidas Podemos se escandaliza –y procura evitar–que el PSOE obtenga el apoyo del PP para la reforma de la ley del «solo sí es sí», nadie se escandaliza de que la futura Ley de Vivienda tenga aspectos calcados de la Ley de Arrendamientos Urbanos de Franco, sí de Franco, de 1964, en cuyo preámbulo, como ha recordado Juan Ramón Rallo, se explicaba que nacía para atemperar el movimiento liberalizador de la propiedad urbana. Aquella norma acabó en la práctica con el mercado del alquiler hasta que otra disposición de 1985, con Miguel Boyer (1939-2014) de ministro de Hacienda, empezó a rectificar el desaguisado. Fueron 21 años en los que los disparates urbanísticos de la dictadura y su Ley de Vivienda provocaron destrozos notables –algunos todavía visibles–en la mayoría de las ciudades españolas. La ley franquista no solucionó el problema de la vivienda, como tampoco lo hará su hermana o hija neonata. Sánchez, en frenesí preelectoral, mientras empieza a mirar de reojo a esa Yolanda Díaz que lo ha tildado de algo machista –como a Iglesias– promete un 20% de vivienda pública, pero ¡en un plazo de 20 años! «Cuán largo me lo fiais, amigo Sancho», sentenciaba don Quijote. Y hasta entonces, los mismos problemas más destrozo de ciudades como advertía Lindbeck.