La deuda del Estado recae cada vez más sobre los trabajadores

Hemos cerrado 2023 con una inflación del 3,1 por ciento. Es el tercer año consecutivo con inflación importante. Desde 2021 se ha acumulado un 15,3 por ciento de inflación, años en los que la gran mayoría de las familias españolas han perdido poder adquisitivo, empobreciéndose, y sin una perspectiva a corto plazo de mejora en la situación económica particular y de España. También finalizamos el año 2023 con una deuda pública por habitante de 32.451 euros. Esta deuda no se va a esfumar con un simple apunte contable, hay que afrontarla, pagar intereses y devolverla.

Así, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) ha advertido en uno de sus últimos informes de que la reforma del subsidio de desempleo aumentará el gasto público en 2.500 millones de euros al año, es decir, un 0,17 por ciento del PIB, dado que se incrementa la cuantía, el período de duración de la ayuda y, sobre todo, el número potencial de perceptores.

Obviamente es a través de los impuestos a los ciudadanos y a las empresas como el Estado puede hacer frente a su pago en las próximas décadas. Ello significará muchos años de decrecimiento económico debido a que la demanda interna se reducirá por la mayor presión fiscal sobre los salarios y las empresas reducirán sus inversiones y plantillas laborales ante la contracción de la demanda y la fuerte subida de impuestos.

Con las políticas de Pedro Sánchez en sus cinco años de gobierno, la deuda pública ha crecido un 22,2 por ciento, pasando de 1.223.355 millones de euros en 2019 a 1.572.131 millones de euros al finalizar 2023. El incremento en este lustro ha sido del 22,2 por ciento.

Lejos de dedicar parte del presupuesto nacional a devolver deuda, esta no ha hecho más que crecer. Dedicándose al pago de los intereses la cantidad de 31.275 millones de euro en 2023, y estando reservados otros 39.078 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año 2024. En sólo un año el pago de intereses ha aumentado en un 24,9por ciento.

La lucha contra la inflación que se inició en 2021 ha obligado a la subida de intereses para enfriar la economía. El resultado es que la carga de intereses lastra la inversión y el gasto público. De hecho, ya es la tercera partida más importante en los presupuestos de España, tras las pensiones y las prestaciones y subsidio por desempleo y renta básica.

A lo largo de 2024 vencerán Letras del Tesoro a corto plazo, Bonos del Estado a medio plazo; a 3 y 5 años y Obligaciones del Estado a largo plazo: a 10 y 15 años. Esto significa que durante este ejercicio fiscal el Estado debe devolver el importe de estas deudas contraídas entre 2009 y 2023 y cuya fecha de vencimiento es este 2024. Para que el Reino de España no haga una suspensión de pagos, lo que sería una hecatombe para nuestro país y para el Euro, debe conseguir 185.661 millones de euros en cuestión de días, semanas o meses, según lleguen las fechas de pago de esa deuda. Obviamente los que presten ese dinero van a exigir al Gobierno elevados intereses por esta renovación de la deuda, lo que implicará dedicar más recursos en el futuro a pagar los intereses de la colosal deuda pública de España.

La recuperación entre 2024/2025 de la disciplina fiscal en la zona Euro, obligará a España a reducir su endeudamiento, cuyos dos máximos causantes, y por este orden, son la Seguridad Social y la Administración Central del Estado.

En lugar de hacer crecer el número de «dependientes» del Estado, desalentando el trabajo y el esfuerzo, repartiendo cheques «sociales» para mantener a millones de personas fuera del mundo laboral, España requiere incrementar su población laboral. Nuestra tasa de población activa es la más baja de Europa; tan solo del 58,6 por ciento, cuando Eurostat nos informa que la media de Europa está en el 74,4 por ciento; hay más de 7 millones de desocupados, personas en edad de trabajar y capacitadas para ello que, o bien no tienen interés en encontrar trabajo o no lo consiguen pese a necesitarlo. La proporción es aproximadamente del 50 por ciento para ambos casos. Eliminar las prestaciones, subsidios y demás subvenciones obligaría a incorporar a la actividad laboral a este gigantesco ejército de parados, 4 millones más de lo que las cifras oficiales del SEPE afirman.