Política

Abocados a nuevas elecciones

La Razón
La Razón FOTO: La Razón

La Mesa del Congreso ha impedido la acción filibustera que pretendían el PSOE y sus socios de Podemos y ERC para sustraerse al control del Senado, en el que, no lo olvidemos, también reside la soberanía nacional. La decisión es, reglamentariamente, inatacable, como demuestra el bajo perfil de la respuesta socialista, que no se plantea recurrir a instancia superior. En efecto, y pese a que la formación que lidera Pablo Iglesias parezca ignorarlo, fue el propio Tribunal Constitucional el que determinó que correspondía a las respectivas mesas del Congreso y del Senado comprobar e impedir, en su caso, la utilización de una enmienda legislativa para «alumbrar una realidad nueva», sorteando el normal trámite parlamentario. Es, exactamente, lo que pretendía el Gobierno de Pedro Sánchez cuando trató de introducir en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial –que estaba consensuada con el Partido Popular y Ciudadanos por afectar al pacto de Estado contra la violencia de género–una enmienda que arrebataba al Senado su capacidad de veto a la modificación del techo de gasto que contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Ya hemos señalado en nota editorial anterior que el Gobierno está en su perfecto derecho si pretende eliminar la prerrogativa del Senado, –otra cosa muy diferente es que tenga razón–, pero, en cualquier caso, siempre que se ajuste a los procedimientos parlamentarios, indisociables de una democracia representativa como es la española. Lo contrario nos trae reminiscencias de las prácticas chavistas, que desprecian la realidad electoral que no les gusta, o nos retrotrae a lo que ya hemos vivido en Cataluña, donde la mayoría separatista en la Cámara autonómica pasó por encima de la letra y el espíritu del reglamento, con las consecuencias sabidas. Pero a la espera de la próxima maniobra torticera –«argucia», en expresión del presidente del Gobierno– que, con seguridad, sería desbaratada de nuevo por una Mesa del Congreso que está obligada a velar por los derechos de sus 350 diputados, la situación de fondo sigue siendo la misma: que la aritmética parlamentaria impide al Ejecutivo por el momento sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, dentro de los plazos acordados con Bruselas, a menos que llegue a un acuerdo con el principal partido de la oposición, que ostenta la mayoría absoluta en el Senado. Es, todo hay que decirlo, la misma aritmética que obligó al anterior Gobierno del Partido Popular a entablar una larga y compleja negociación con otros miembros del Congreso para aprobar los actuales Presupuestos. Que el PSOE, que entonces se desentendió de cualquier posibilidad de acuerdo, se rasgue ahora las vestiduras, como ha hecho el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, acusando a la derecha de bloquear la acción de un gobierno legítimo, no deja de ser un mero recurso retórico. Lo cierto, como ya hemos denunciado, es que toda la gestión del actual Ejecutivo denota una indefinible sensación de provisionalidad que lleva a este tipo de actuaciones. No cabe duda de que buena parte de la responsabilidad recae en sus socios de legislatura, Podemos, notablemente, para quienes los Presupuestos, con su incremento de gasto público y de presión fiscal, más parecen un instrumento para la propaganda y el clientelismo, que el elemento primordial en la gestión de los intereses generales de los españoles. El presidente del Gobierno, que cada día da muestras de su escasa capacidad de maniobra, tiene, sin embargo, otras opciones, como negociar con el PP y Ciudadanos, o convocar elecciones.