Agujero negro en la formación

Con los impuestos de los ciudadanos y, sobre todo, las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, España ha venido dedicando cantidades ingentes de dinero –alrededor de dos mil millones de euros anuales– al sostenimiento de un modelo de ayudas a la «formación laboral» complicado y poco transparente, de cuya escasa eficacia hablan por sí solas las altas cifras del desempleo y, en especial, el elevadísimo índice de parados entre los jóvenes. Esas aportaciones millonarias proceden en su mayor parte – el 85,1 por ciento–, como ya hemos señalado, de las empresas, mientras que el resto –el 14,3 por ciento– se imputa directamente a los trabajadores. Se dispone, también, de fondos procedentes de la Unión Europea y de las comunidades autónomas, y de algunas partidas específicas consignadas en los Presupuestos Generales del Estado. La distribución de esas contribuciones multimillonarias se articula a través de una fundación tripartita integrada por los sindicatos, las asociaciones empresariales y el Servicio Público de Empleo Estatal. Los dos primeros se encargan de planificar los cursos y, en la mayoría de los casos, de llevarlos a cabo mediante autocontrataciones directas. Aun sin los escándalos que han sacudido a las principales organizaciones sindicales, con mayor protagonismo de la UGT, era evidente la disfunción del sistema, falto de controles y vetado a otras empresas y centros de enseñanza que, sin embargo, están perfectamente capacitados para dispensar los cursos de formación. El hecho de que buena parte de ese dinero se haya desviado mediante ingeniería contable y falsedad documental a financiar a las propias organizaciones que debían velar por su buen uso, sólo añade oprobio a unas prácticas que, en el escenario de una crisis económica terrible, que ha afectado gravemente a cientos de miles de familias españolas, no admiten otro calificativo que despreciables. El Gobierno de Mariano Rajoy, dentro de su programa de reformas, introdujo en la nueva legislación laboral aprobada en febrero del año 2012 un cambio sustancial en la normativa referida a la formación, indicio de que se era consciente del problema y había voluntad de solucionarlo. La nueva norma permite abrir el sistema a otros centros y entidades, ajenas a las organizaciones sindicales y empresariales, siempre que estén debidamente acreditadas. Es una solución viable que, bajo la supervisión de los organismos del Estado, ayudará a acabar con las corruptelas y, lo que es más importante, convertirá el esfuerzo fiscal de los ciudadanos y las empresas en inversión eficaz contra la lacra del desempleo. Un país que dispone de unos trabajadores con buena formación, está mejor preparado para hacer frente a las crisis.