Opinión

Apuesta por la regeneración

La Razón
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La propuesta hecha por el presidente del Gobierno al Comité Ejecutivo del PP para que estudie una nueva batería de medidas políticas destinadas a mejorar la calidad de la democracia española ha sido recibida con fingida alarma por parte de algunos representantes de las formaciones opositoras, notablemente desde los socialistas andaluces, que no han dudado en desempolvar el término de «rodillo», que tan caro le fue a los primeros gobiernos de Felipe González. No hay, sin embargo, demasiado espacio para los habituales juicios de intenciones de la izquierda, por cuanto se trata de reformas perfectamente razonables, algunas de ellas, como la elección directa de alcaldes, contempladas incluso en anteriores programas electorales del PSOE, que tienen un sencillo encaje jurídico en la actual legislación. Más aún, cuando su redacción legal y alcance serían consensuados con el principal partido de la oposición, tal y como se anuncia desde el PP. Respecto a las medidas apuntadas y a su calendario –Rajoy confirmó ayer desde Panamá que empezarán a tramitarse en septiembre– no parece conveniente pronunciarse hasta que adquieran concreción, pero sí podemos adelantar que vienen a completar, desde un punto de vista más político, el Plan de Regeneración Democrática puesto en marcha por el Gobierno para luchar contra la corrupción, con medidas como la Ley de Transparencia, y mejorar los mecanismos de respuesta jurídicos del Estado, extremos con los que se muestran de acuerdo la inmensa mayoría de los ciudadanos. Sin duda, así ocurrirá con las nuevas propuestas, en las que ya existe un consenso básico. Por ejemplo, la racionalización del aforamiento en España, excepción al régimen general de los tribunales que afecta a más de diez mil personas, lo que es una situación inédita entre los países de nuestro entorno. Es precisa su reducción, aunque sólo sea por razones de equidad, y establecer unas reglas claras que razonen la pertinencia de otorgar el privilegio procesal a determinados cargos públicos o representantes institucionales. Mucho más debatida se presenta la idea de modificar el sistema electoral de las administraciones locales, para que obtenga la alcaldía el candidato más votado. Sus ventajas son evidentes, puesto que no sólo se centra el poder más en las personas –hecho diferencial en la elección de alcaldes– que en la maquinaria de los partidos, sino que refuerza la estabilidad institucional. Este sistema mayoritario ya se considera en la Ley de Régimen Electoral General, aunque como excepción para localidades de menos de 250 habitantes. En cualquier caso, estamos ante proposiciones razonables, democráticamente impecables, que deben ser objeto de negociación y consenso. Y ello también obliga a una actitud responsable de la oposición.