.....

Nadie que no parta del sectarismo o del oportunismo político puede afirmar que el Gobierno no ha intentado hasta el último momento preservar a los pensionistas de las consecuencias directas de la crisis. Pero no ha podido ser. Ayer, la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, reconocía que no abonar la compensación de las pensiones de acuerdo a la desviación del IPC había sido la medida más difícil que había tenido que tomar el Ejecutivo, impelido por la situación de nuestras finanzas públicas y los compromisos adquiridos con la Unión Europea para reducir el déficit público. En este sentido, las cifras no engañan: los 3.800 millones de euros que se ahorra el Estado por este concepto suponen nada menos que tres décimas de déficit público para el año que viene. La decisión que ha tenido que tomar el Gobierno es aún más dolorosa, como recordaba la propia ministra Báñez, si tenemos en cuenta que en muchas familias los ingresos de los miembros jubilados son vitales para su sostenimiento. De ahí que cause rubor ese rasgarse de vestiduras protagonizado por los sindicatos y los partidos de la oposición, a los que se supone al cabo de la calle de la actual situación de nuestro sistema de pensiones. En política no todo vale, y esa sobreactuación a cuenta de los jubilados tiene mala justificación. Y más, cuando la pérdida de tres millones de cotizantes y el que se haya tenido que conceder numerosos aplazamientos de pago a empresas en dificultades no es un fenómeno surgido de la nada, si no que viene arrastrado en el tiempo de cuando muchos de los que protestan ahora indignados estaban en el poder o lo respaldaban. La decisión de no abonar la compensación supone una disminución del poder adquisitivo de las pensiones que, sin embargo, tratará de compensarse el año próximo con el incremento de un 1 por ciento general, que será del 2 por ciento para quienes tengan una prestación inferior a 1.000 euros mensuales. Por supuesto, se abonan la mensualidad de diciembre y la extra de Navidad, aunque para ello el Gobierno haya tenido que recurrir, por segunda vez en el año, al fondo de reserva. Este panorama de nuestras cuentas públicas llevaría a la desesperanza, cuando no a la melancolía, si no fuera porque cada vez hay más señales positivas de que los sacrificios y ajustes que hemos tenido que hacer empiezan a dar réditos. La prima de riesgo baja, abaratando los costes de financiación, a medida que España recupera la credibilidad y la confianza de los mercados y de nuestros socios de la Unión Europea. En septiembre, por primera vez en 14 meses, la balanza inversora fue positiva, con casi 40.000 millones de euros procedentes de capital extranjero. Hay que seguir perseverando, aunque sea con medidas tan dolorosas como las de ayer.