Atropellar la Justicia

El exceso oportunista de la política y la agitación desbordada en lo mediático, nada tienen que ver con la lógica y las garantías jurídicas. Mezclarlo, confundirlo, es una práctica que desvirtúa principios inherentes al Estado de Derecho. En España, en los últimos años, hemos conocido más ejemplos de los que desearíamos sobre esa confusión tan nociva. El caso de los denominados «Papeles de Bárcenas» es un paradigma excepcional, pues se presenta como una conjunción de intereses, sustentados en el testimonio de una persona, para erosionar hasta derribar al presidente de un Gobierno legítimo. Los apuntes del ex tesorero, acumulador de una ingente fortuna sobre la que ahora se pasa de puntillas y que ha sido incapaz de explicar, suponen en definitiva un acto de fe sobre aquello que denuncian. La fe requiere confianza y credibilidad; valores, primero, que nada tienen que ver con el Derecho; y, segundo, que resultan difícilmente reconocibles en una persona que ha cambiado su «verdad» en demasiadas oportunidades. Luego, por supuesto, están las incoherencias, contradicciones e inexactitudes probadas de unas anotaciones, supuestamente contables, que no es que esparzan dudas sobre lo allí recogido, sino que resultan más propias de un montaje extraordinario y de un plan metódico. Pese a todo, la maquinaria difamatoria ha convertido a los señalados por el multimillonario Bárcenas en culpables. Por lo visto, los argumentos, repetidos por el presidente del Gobierno dentro y fuera del Parlamento, no valen nada ante la palabra de un reo que basa en la mentira su defensa. Para Rajoy y el PP, el proceso, casi inquisitorial, ha transcurrido entre los «papeles» y la condena. Tampoco ha importado a los sentenciadores que el presidente hiciera un ejercicio de transparencia personal como ningún otro político de la democracia, y que todos podamos conocer sus ingresos y su patrimonio. Lo fundamental era remover la estabilidad institucional. Dar por buenos tales procedimientos sería aceptar una Justicia sumarísima y predemocrática, algo a lo que no estamos dispuestos. Un conjunto de expertos jurídicos detalla hoy en LA RAZÓN cómo las reglas básicas de un Estado de Derecho se han vulnerado en este caso, cómo la lógica del Derecho nada tiene que ver con la sentencia del titular, cómo quien acusa en base a unos documentos debe probar su autenticidad y cómo un texto en apariencia definitivo queda en nada cuando se contrasta con otros medios de prueba. Los especialistas insisten en que una contabilidad está respaldada por una completa documentación para justificar cada partida y que los asientos, para ser veraces, tienen que estar apoyados en otros elementos probatorios, lo que no es el caso de los «papeles». Esa conjunción de intereses, con el PSOE en el epicentro, ha pasado de politizar la Justicia a directamente atropellarla, y más pronto que tarde tendrán que rendir cuentas por ello.