Cataluña no necesita la secesión, pero los corruptos sí

Para los ciudadanos de Cataluña se ha convertido en hábito el sobresalto diario en la vida pública e institucional del territorio y nunca por un motivo de interés general que esté llamado a mejorar las condiciones de vida de la gente. El desgobierno al que está sometida la comunidad que más recursos recibe del sistema de financiación autonómica es ocultado machaconamente con las maniobras del denominado «procés» y el ejercicio de victimismo permanente de la clase gobernante. Hay una realidad paralela, que es la que intenta imponer el poder secesionista, y luego está la que los catalanes padecen y la que se desarrolla en los tribunales que investigan la balsa corrupta que era el oasis. El día de ayer resultó de nuevo un esclarecedor ejemplo de esa circunstancia. Agentes de la Guardia Civil accedieron al Parlament de Cataluña, el Palau de la Generalitat y el Departamento de Justicia, además de al Centro de Tecnologías de la Información (CTTI) de la administración catalana para solicitar documentación vinculada con el «caso del 3%» de comisiones ilegales presuntamente cobradas por la desaparecida CDC y que tendría al diputado y ex consejero Germà Gordó como objetivo principal. En el transcurso de la operación bajo mandato judicial, el nuevo consejero de Presidencia, Jordi Turull, pretendió escenificar una suerte de acto de resistencia y desobediencia con una presunta orden que impedía el acceso de los guardias civiles al Palau de la Generalitat, que finalmente no fue a más, y de la que existen dudas de que fuera real y no una pantomima del propio Turull, pues la Delegación del Gobierno y la propia Benemérita confirmaron que los agentes entraron en las dependencias que reseñaba el auto del juez y que pudieron desarrollar su cometido, la solicitud de documentación que no el registro de las instalaciones. El resto de la operación en los diferentes organismos públicos se realizó con absoluta normalidad. Más allá de la sobreactuación de Turull, de su afán de protagonismo con el que desprenderse del traje gris del «aparatchik», de sus bravatas, lo que queda es el escándalo de corrupción que afecta medularmente al partido independentista en el que fue dirigente destacado y que vincula a los prohombres del nacionalismo excluyente con Artur Mas a la cabeza y Carles Puigdemont detrás. Por esas cloacas, sobre ese sistema de extorsión que vertebró buena parte de la vida institucional y económica de la Cataluña convergente se ha pasado de puntillas hasta subsumirlo en el cenagal de la secesión como parte de la «guerra del Estado» contra el «procés» que denuncian los independentistas. Bien saben los responsables del actual PEdCAT y de la Generalitat que esa versión es una tergiversación que no resiste el mínimo análisis. Más bien cabe pensar que una de las razones que han sido decisivas para forzar el presente escenario de conflicto, de colisión con el Estado de Derecho, del intento de construir una legalidad alternativa en torno al poder absoluto de los separatistas con el control total de los resortes de un hipotético Estado, sería despejarse el camino de contratiempos en los tribunales y garantizarse la impunidad de los manejos delictivos. Como la independencia, salir indemnes de escándalos como el 3% tampoco les saldrá bien. Las instrucciones avanzan y los testimonios se agolpan para poder asegurar que la Justicia tiene una causa sólida contra la trama corrupta en Cataluña.