Confianza en la Justicia española

Carles Puigdemont abandonó ayer la prisión de Neumünster donde ingresó tras ser detenido en aplicación de la euroorden dictada por España. Lo hizo después de que la Audiencia de Schleswig-Holstein descartara el delito de rebelión en el proceso de extradición a España y ordenara su puesta en libertad mientras estudia la entrega por malversación. No era el resultado esperado después de una intachable instrucción del juez Pablo Llarena y de un detalladísimo auto de procesamiento en el que se acumularon pruebas difícilmente rebatibles contra el prófugo ex president. No obstante, el rechazo de la petición de la Justicia española era una posibilidad inherente a todo procedimiento judicial. La decepción por la desastrosa decisión del tribunal regional germano era tan lógica, como esperada la euforia desmedida de los cenáculos golpistas catalanes. Pero después de la desazón y la indignación es momento de no perder el norte ni caer en el derrotismo. Carles Puigdemont no ha extinguido sus causas con la Justicia española ni su horizonte está despejado de la posibilidad cierta de importantes penas de prisión –sólo la malversación agravada puede acarrear una condena de hasta 12 años de prisión, además de los años de inhabilitación–. El proceso de entrega sigue su curso y la Justicia española tiene instrumentos para apuntalar la razón de sus actos. Ayer mismo se conoció que el magistrado Pablo Llarena y la Fiscalía General del Estado estudian cuestionar el fallo alemán ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pedirán aclaraciones sobre el alcance de la decisión marco que activó la euroorden y los procedimientos de entrega entre Estados miembros después de que la Audiencia de Schleswig-Holstein entrara en el fondo del asunto para rechazar la reclamación de España sobre Puigdemont. Entendemos que existen razones para censurar la labor del tribunal germano que se extralimitó en sus funciones al valorar la comisión o no del delito, en este caso de rebelión, lo que no permite el orden jurídico europeo, en lugar de verificar si la demanda española tenía soporte en el Código Penal alemán. Hay fundamentos sólidos para creer que el TJUE debe corregir el exceso de los jueces alemanes, porque además se supone que Europa es un espacio común de colaboración para que los delincuentes no deambulen a sus anchas por el territorio. En cualquier caso, el separatismo, al igual que ha venido haciendo hasta ahora, aprovechó la coyuntura para desacreditar el trabajo de los jueces españoles, especialmente el de Pablo Llarena, y sentar una patética cátedra sobre la imprescindible rectificación de los encausamientos de los cabecillas separatistas. Nada que se saliera del guión por muy obscenamente intelectual que nos parezca la provocación. Más difícil nos resulta comprender que la dirección del PSOE se descolgara en un día tan complicado con comentarios ventajistas como que el presidente Rajoy debía dejar de esconderse «detrás de las togas» en la cuestión catalana ante las «limitaciones de una estrategia judicial para una crisis política». Si no supone un volantazo sobre el discurso mantenido hasta ahora, lo parece. Ferraz debería aclararlo más temprano que tarde, salir de la nebulosa que le presta el PSC y concretar si su posición es la de borrón y cuenta nueva tras el golpe. Más allá de los demagogos y los oportunistas que celebraban el revés de la Justicia española, creemos que toca dejar trabajar a los tribunales, especialmente al Supremo, auténtica élite de la magistratura, respetar los procedimientos de nuestro sistema plenamente garantista y esperar a que se sustancien los procesos que depuren las gravísimas responsabilidades contraídas contra el orden constitucional, que, no lo olvidemos, sigue hoy amenazado por esa organización insurrecta definida por la jueza Lamela como criminal.