Cs debe romper el juego separatista

La segunda suspensión del pleno de investidura de un candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, a la espera, según aseguró el presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, de que el Tribunal de Estrasburgo resuelva un más que problemático recurso contra la prisión preventiva del líder de ERC, Oriol Junqueras, no tiene otra virtualidad que la de ganar un poco más de tiempo, mientras se resuelve en los despachos, a espaldas de la opinión pública, la pugna abierta entre los dos sectores del separatismo que se disputan el poder. Y aunque es muy dudoso que el alto Tribunal europeo tercie en una cuestión jurisdiccional que no ha agotado todas las instancias nacionales –como señalaba ayer el secretario general de los socialistas catalanes, Miquel Iceta–, la interposición del recurso se convierte, también, en una muleta con la que desviar la atención de los ciudadanos de lo que de verdad ocurre, que no es otra cosa que la falta de apoyos suficientes para que cualquiera de los dos grupos del bloque independentista pueda imponer un candidato, al menos, mientras los cuatro diputados de las CUP se mantengan en su pose ultramontana. No se trata ahora, sin embargo, de elucubrar sobre las verdaderas intenciones de los contendientes, por más que se apunte a la voluntad de Carles Puigdemont de forzar unas nuevas elecciones, sino de señalar que desde que se celebraron los comicios autonómicos, el 21 de diciembre de 2017, la vida política de Cataluña, y en cierto modo la del resto de España, ha girado en torno a las elucubraciones de los separatistas, muchas de ellas hijas del pensamiento mágico, que es prioritario neutralizar, si lo que se pretende es que el Principado vuelva a la normalidad institucional y a la necesaria gestión de los problemas de sus habitantes. Creemos, por lo tanto, que ha llegado el momento de romper la estrategia dilatoria de ERC y JuntsxCAT, actuando desde el plano político y con los instrumentos parlamentarios que ofrece el Estatuto de Cataluña. Dicho de otro modo, ha llegado el momento de que Ciudadanos, el partido que ganó la elecciones autonómicas, haga valer su votos y proponga a su candidata, Inés Arrimadas, a la investidura. Si se puede entender que, en un primer momento, la formación que lidera Albert Rivera prefiriera ahorrarse el mal trago de un rechazo cantado, en las circunstancias actuales nadie en su sano juicio podría interpretar esa investidura en clave de victoria o derrota, sino como una maniobra idónea para acabar con el actual bloqueo y, sobre todo, para forzar a los nacionalistas a buscar una salida legal o repetir las elecciones, con el riesgo de que decaiga la histórica participación popular alcanzada en diciembre, que tanto favoreció al ex presidente fugado, Carles Puigdemont. No hacer nada por parte de Ciudadanos significaría no sólo entregar el dominio de los tiempos a los nacionalistas, sino dar pábulo a quienes tratan de extender la idea de que la victoria electoral de Arrimadas, que sería estéril, no ha tenido la menor incidencia en el panorama político catalán, dominado por los soberanistas. No es lógico, que el Constitucionalismo en Cataluña, que es mayoritario en voto popular, tenga que buscar vías de expresión y de actuación fuera de los cauces institucionales, que es el caso de movimientos como el de Tabarnia, mientras desde el Parlament se asiste a la inacción del partido mayoritario. Mientras Roger Torrent –que se debate en un equilibrio angustioso entre su temor a acabar imputado como su antecesora, Carme Forcadell, y su adscripción al separatismo radical– y los dirigentes de JuntsxCAT no se vean bajo la presión del calendario, los ciudadanos de Cataluña seguirán bajo el guión irracional que escribe Puigdemont y sin que se puedan poner en marcha políticas a medio o largo plazo.