Política

Dimisión ejemplar

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Tras casi un lustro de investigación judicial, la parte principal de la trama «Gürtel», la que va de 1999 a 2005, ha pasado a procedimiento abreviado para la apertura de juicio oral, en el que se dilucidarán las responsabilidades penales de los 43 encausados por el juez Pablo Ruz. Aunque entre los imputados no se encontraba la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Ana Mato, por considerar el magistrado instructor que no cometió infracción penal alguna, sí había sido incluida en la causa como «partícipe a título lucrativo», por haberse beneficiado de un dinero ilícito, pese a que desconocía el origen delictivo del mismo. En concreto, el juez mantiene que la ya ex ministra y sus hijos disfrutaron de una serie de regalos, en forma de servicios turísticos, que los responsables de la trama hicieron a su ex marido, Jesús Sepúlveda, cuando éste ejercía como alcalde de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. En la misma situación procesal que Ana Mato se encuentran el Partido Popular de Madrid y Gema Matamoros, esposa del ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. Hasta aquí el relato sucinto de los hechos que, en realidad, no difiere de la versión que siempre ha mantenido la ministra de Sanidad de que ignoraba la procedencia de las supuestas dádivas, ni de la percepción del caso que ha expresado el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. Pero, se sustancie judicialmente o no esa responsabilidad civil y llegados al momento de la apertura de juicio oral, no parecía adecuado que Ana Mato se mantuviera como miembro de un Gobierno que está empeñado en la lucha contra la corrupción y que ha llevado a cabo una notable labor legislativa para dotar a la sociedad de nuevos instrumentos legales que garanticen la transparencia de las instituciones y el buen empleo del dinero público. En muchas ocasiones, sobre todo en política, no es cuestión de aquilatar hasta el matiz a dónde llegan las consecuencias de una conducta determinada, sino de cómo inciden en la percepción social. Ana Mato ha sido, pese a todas las críticas de la oposición –que han visto en ella, precisamente por su peripecia en el proceso de la trama Gürtel, un objetivo a batir–, una buena ministra de Sanidad que tuvo que enfrentarse, con notable éxito, a una grave emergencia sanitaria como el ébola. Ha tenido, además, el respaldo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en todo momento. Por ello, la dimisión, presentada en vísperas del pleno en el Congreso sobre la corrupción, no debe tener otra lectura que la de un servicio al partido –uno más–, ejemplificando con un gesto de la máxima exigencia política, que en otros momentos no sería preciso, la convicción de todo el PP en la lucha por la regeneración de la gestión pública.