¿Dónde está la mayoría de Sánchez?

A día de hoy, no parece que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tenga los apoyos necesarios para superar la investidura parlamentaria, lo que explica la multiplicidad de voces del entorno socialista que apelan a la responsabilidad de Estado de los partidos de la oposición del centro derecha para que se abstengan en beneficio de una supuesta estabilidad política, que, todo hay que decirlo, no parecía tan determinante cuando el actual candidato a La Moncloa obligó a repetir las elecciones a Mariano Rajoy. Como venimos insistiendo editorialmente, y dado que Pedro Sánchez ya ha llevado a cabo la preceptiva ronda de consultas con Su Majestad y aceptado el encargo de la constitución de un Gobierno, actuación, tal vez, precipitada, es al líder del PSOE a quien le corresponde buscar sus socios de legislatura. Esto es así, aunque podamos comprender las dificultades objetivas a las que se enfrenta, especialmente por las demandas de quienes más decisivamente le apoyaron en la moción de censura para, luego, dejarle caer rechazando la aprobación de los Presupuestos Generales. Nos referimos, por supuesto, a la formación que lidera Pablo Iglesias, que sería su aliado preferente, y a los partidos nacionalistas catalanes y vascos. Poco hay que explicar de Podemos, cuyos dirigentes, no importa el eufemismo que se emplee, buscan un lógico acuerdo de coalición de izquierdas y reclaman legítimamente compartir las responsabilidades de gobierno, pero sí es más compleja la situación que se presenta al candidato respecto a los nacionalistas, puesto que las contrapartidas que exigen, contrapartidas que desde ERC se denominan «gestos», atentan directamente contra la división de poderes del Estado y contra la independencia judicial. Que un dirigente político en un país donde rige la democracia representativa, como es el portavoz republicano en el Parlamento autónomo de Cataluña, Sergi Sabrià, insista en que el Gobierno instruya a la Abogacía del Estado para que facilite la puesta en libertad provisional de los golpistas juzgados por el Tribunal Supremo, no sólo supone un desconocimiento grave de las reglas básicas de esa misma democracia, sino la certidumbre de que cualquier apoyo parlamentario que proceda de ese sector va a tener un coste institucional inaceptable. De hecho, ayer mismo, la Abogacía del Estado, como antes la Fiscalía, se opuso a la petición de libertad provisional hecha por las defensas de Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sánchez, Carme Forcadell y Dolors Bassa, por entender que no es el momento procesal oportuno, puesto que el Tribunal está deliberando para dictar la sentencia, además de que se mantienen los presupuestos de riesgo de fuga y reiteración delictiva que motivaron su ingreso en prisión provisional. La certeza, cada vez más arraigada, de que los líderes separatistas pueden ser condenados a serias penas de prisión aconsejaría al presidente del Gobierno en funciones a tratar cualquier apoyo del nacionalismo catalán bajo el principio de precaución. De ahí, que debamos insistir en que Pedro Sánchez busque otras vías, especialmente por el lado de la formación de Albert Rivera, con la que suma los votos necesarios para garantizarse una legislatura con mayoría absoluta. Para ello, como también es lógico, debe negociar con Ciudadanos un proyecto de Gobierno plausible y más próximo a los presupuestos sociales y económico de la socialdemocracia europea y al modelo territorial diseñado en la Transición que a los arranques populistas y federalistas de su programa electoral. Porque pretender que Albert Rivera o que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, le faciliten la llegada a La Moncloa sin contrapartida política alguna no es más que otro brindis al sol.