El 155, garantía frente a Torra

Las primeras declaraciones públicas de Quim Torra como candidato a la investidura de la Generalitat, confirman las peores impresiones para el futuro inmediato de Cataluña. Conscientes de que se trata de un mero «hombre de paja» del ex presidente autonómico catalán, Carles Puigdemont, quien le ha designado por encima de cualquier otra consideración que no sea su exclusivo beneficio, la mayoría de los observadores auguran una legislatura frustrada, que se prolongará sólo en función de la evolución de la peripecia penal de los dirigentes políticos separatistas procesados, comenzando por la del fugado Puigdemont. De ahí que el candidato, cuyos antecedentes xenófobos y sectarios son de sobra conocidos, no abrigue muchas expectativas de que pueda cumplir íntegramente la legislatura y haya planteado reanudar el desafío secesionista desde las propias instituciones, designio que, de llevarse a término, nos haría volver a la casilla de la declaración unilateral de independencia de septiembre de 2017 y a la inevitable intervención de la autonomía de Cataluña. Lo advirtió ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al explicar que el 155 ya no es sólo un artículo más de la Constitución, sino que se ha convertido en un precedente legal y político, de engranaje probado, y cuya puesta en marcha no presenta la menor dificultad. Si el mandado Torra incumple la Ley, la respuesta está al alcance del BOE sin las dudas y controversias que surgieron en su debut. Es, de hecho, la mejor garantía contra cualquier nueva intentona golpista de los nacionalista catalanes y nadie debería albergar dudas de su inmediata aplicación, al menos, mientras el Partido Popular y el PSOE mantengan la holgada mayoría de que gozan en el Senado. En este sentido, y como era de esperar, hemos escuchado las perentorias demandas del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, al Gobierno para que mantenga en vigor en Cataluña el artículo 155, aunque se forme el Ejecutivo regional, e, incluso, ha ido más lejos al plantear que el Tribunal Constitucional anule la designación del candidato Torra. Sabe de sobra Rivera que el acuerdo por el que el Senado decidió la aplicación del 155 tiene fijado un límite y decae, precisamente, cuando tome posesión un nuevo presidente de la Generalitat, elegido en urnas legales y democráticas, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto de Autonomía. Y no es preciso entrar en la enormidad antijurídica de la pretensión de anular la investidura porque no nos guste el candidato o por un simple juicio de intenciones. Como resumió ayer Mariano Rajoy: «Estoy dispuesto a hacer cumplir la Ley, pero sin incumplirla». Pero, ya puestos, cabría preguntarle al líder del partido naranja si sigue vigente su decisión de retirar el apoyo a la aplicación del 155, que fue la última decisión política de Rivera en relación con el asunto catalán. No es que sea importante, dado que Ciudadanos sólo cuenta con tres escaños en el Senado y suman votos más que suficientes populares y socialistas, ambos firmantes del pacto al que se han mantenido leales. Una vez más, parece, y lo lamentamos, que Albert Rivera antepone su campaña de desgaste del Gobierno a los intereses generales, más con un asunto tan sensible para la mayoría de los españoles como es la unidad de España. Este oportunismo enrarece el ambiente de serenidad y tranquila fortaleza con la que deben desempeñarse las instituciones del Estado, de las que los partidos políticos también forman parte, ante amenazas tan graves para la convivencia como la que representan los separatistas catalanes. Las leyes obligan a todos, especialmente a quienes están encargados de hacerlas cumplir, sin excepciones, arrebatos ni cálculos aprovechados. Y la Ley en Cataluña se cumplirá, que nadie lo dude.