El 155 gobierna Cataluña

La aplicación del artículo 155 por el que se intervenía la autonomía de Cataluña ha sido la decisión más compleja de las tomadas por el Gobierno en torno al «proceso» independentista. Nadie pensaba que se pudiera poner en marcha porque los dirigentes secesionistas creían que el Estado cedería antes y el Gobierno por su parte confiaba en que la irresponsabilidad del presidente de la Generalitat no llegaría tan lejos y acabaría convocando elecciones. El Parlament declaró la independencia –o escenificó un simulacro, según se justifican ahora ante la Justicia– y Puigdemont y algunos de sus consejeros huyeron a Bruselas. Previamente, el pleno del Senado, en su sesión celebrada el día 27 de octubre, aprobó, por mayoría absoluta, autorizar las medidas requeridas por el Gobierno al amparo del 155. Algunos catalanistas moderados advirtieron de que de exigir la independencia, acabarían reclamando la restitución de la autonomía. Así ha sido, aunque convendría matizar que la intervención del Gobierno no anulaba ninguna institución, ni derecho, tal y como especifica el acuerdo de la Cámara Alta, sino que restituía el normal funcionamiento de la Generalitat, dada «la extraordinaria gravedad en el incumplimiento de las obligaciones constitucionales y la realización de actuaciones gravemente contrarias al interés general por parte de las Instituciones de la Generalitat de Cataluña». La prueba ha sido que la administración ha seguido funcionando, incluso ha agilizado asuntos de importancia que Puigdemont había desatendido, en servicios sociales, pago de proveedores y ayuntamientos, incluso ha desbloqueado acuerdos entre la consejerías y los ministerios homónimos. El gobierno secesionista había incumplido la tramitación de importantes contratos en Justicia, Sanidad, Educación y Asuntos Sociales, que ahora han sido actualizados. En total, el Gobierno central ha movilizado más de 1.500 millones de euros en los casi cinco meses de aplicación del 155. Los hechos han demostrado que los partidos independentistas habían utilizado la administración de la Generalitat para llevar a cabo un verdadero golpe a la legalidad. El próximo jueves, el Gobierno tiene que informar al Senado de la intervención y deberá presentar un balance en un momento en el que las perspectivas sobre el levantamiento del 155 son una incógnita. A tres meses de las elecciones del 21-D y casi a dos del frustrado pleno de investidura del pasado 30 de marzo, Cataluña sigue sin gobierno y sin formarse una mayoría de los partidos independentistas. Rajoy optó por un 155 «de mínimos», incluso en el acuerdo se especificaba que el Gobierno «atendiendo a la evolución de los acontecimientos y de la gravedad de la situación llevará a cabo una utilización proporcionada y responsable de las medidas aprobadas por el Senado, modulando su aplicación si se produjeran cambios en la situación hasta la formación de un gobierno en Cataluña». Ahora se abre la posibilidad de que el Tribunal Constitucional resuelva que el 30 de marzo se cumple el plazo de los dos meses establecidos y que el reloj empezó a correr desde la frustrada investidura de Puigdemont, siguiendo el criterio del Consejo de Estado que permitió repetir las elecciones en la Comunidad de Madrid tras el «tamayazo» de 2003. Es un posibilidad, pero no la única, porque todo depende de un acuerdo entre JxC –divididos entre los fieles a Puigdemont y los que siguen la disciplina ex convergente–y ERC. Un acuerdo que no asegura la gobernabilidad y rectificar el camino de ilegalidad emprendido. Todo indica que persisten en el delito y que el Gobierno debe actuar en consecuencia.