El Congreso no es el Parlament

El hecho de que a una ley orgánica sobre violencia de género se le haya incorporado, a modo de «alien», una enmienda que arrebata al Senado su derecho a fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, es, en el mejor de los casos, tan insólito en la práctica parlamentaria española que, al menos, merecería aguardar al dictamen de los letrados de la Cámara sobre la legalidad o no del procedimiento. Sin embargo, y bajo el peregrino argumento de que no hace falta esperar un informe que, según afirman, les va a dar la razón –igual podrían aducir los socialistas que ya no hay que celebrar elecciones porque las van a ganar ellos– la mesa de la Comisión de Justicia del Congreso, con mayoría del PSOE y ERC, ha decidido dar luz verde a la tramitación de la enmienda, que pretenden llevar sin mayor obstáculo al pleno del Congreso. Desafortunadamente, ya hemos vivido en el Parlamento autónomo de Cataluña actitudes antidemocráticas de este jaez, con la mayoría separatista pasando por encima de la letra y el espíritu del reglamento y con las consecuencias sabidas. Si de ERC no cabía esperar otra cosa, al fin y al cabo ellos están en el Congreso con un programa político ajeno a los intereses del conjunto de la nación, la actitud de los socialistas supone la asunción paladina de que es válido retorcer los procedimientos legislativos para, en este caso, sortear el resultado de las urnas. Tanto el Partido Popular como Ciudadanos han decidido elevar el asunto a la Mesa de la Cámara, que preside Ana Pastor, y que debería bloquear esa maniobra filibustera, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denomina «argucia», impidiendo la tramitación de la enmienda, al menos, mientras no se haya sustanciado la consulta a los servicios jurídicos de la Cámara. Porque, pese a las protestas sobreactuadas de la la presidenta de la Comisión de Justicia, la socialista Isabel Rodríguez, ni hay «soberanía» alguna que reconocer a las comisiones parlamentarias, que dimanan del Congreso en su conjunto, ni el debate versa sobre los derechos de los diputados, sino sobre el intento espurio de soslayar una mayoría por procedimientos que el Tribunal Constitucional considera ilegales, doctrina sustentada en media docena de sentencias. La actitud del PSOE, que amenaza con reprobar a la presidenta de la Cámara si no se salen con la suya, merece una preocupada reflexión. Es la primera vez que el partido que representaba a la socialdemocracia española, en línea con la izquierda democrática europea, se salta abiertamente las instituciones, retorciendo el reglamento del Congreso, empujado por unas urgencias de naturaleza interna. Si el Gobierno actual quiere modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para retirar al Senado sus facultades en la tramitación y aprobación del techo de gasto, está en su derecho. Pero, dada la aritmética parlamentaria, la misma que obligó al anterior Ejecutivo popular a negociar un acuerdo para aprobar los Presupuesto Generales del Estado, el camino legítimo era respetar los trámites reglamentarios, una vez que la oposición había rechazado la vía de urgencia. No ha sido así y, ahora, los ciudadanos asisten atónitos a unas prácticas de reminiscencias chavistas, justificadas en la presunta «anomalía», Pablo Iglesias dixit, de unos resultados electorales que otorgaron mayoría absoluta al Partido Popular en el Senado. Todo en la gestión del actual Gobierno de Pedro Sánchez denota una indefinible sensación de provisonalidad que lleva a este tipo de actuaciones, alejadas de cualquier sentido de la responsabilidad política. Como si los Presupuestos del Estado no fueran ya el elemento primordial de gestión de los intereses generales de los españoles, sino un mero instrumento para la propaganda y el clientelismo.