El daño social de los paraísos fiscales

España pierde anualmente 35.000 millones de euros de recaudación fiscal debido a la existencia de paraísos fiscales, tal y como hoy publica LA RAZÓN. Frente a quienes, cínicamente, mantienen que si hay «paraísos» es porque existen «infiernos fiscales», lo cierto es que el daño social que causan, sobre todo en países con pobres estructuras institucionales, deberían llevar a la comunidad internacional a poner fin a un sistema anómalo, que por más que se disfrace jurídicamente –las empresas «offshore no son ilegales por sí mismas–, siempre supone un indicio de fraude. Los llamados «papeles de Panamá» demuestran que la evasión fiscal es trasversal a ideologías o sistemas de gobierno y, por lo tanto, exige un tratamiento global. Aunque en algunos países, como España, se han desarrollado instrumentos muy eficaces para hacer aflorar la evasión de bienes en el extranjero, la responsabilidad cae en los territorios de baja tributación que, pese a los acuerdos firmados, mantienen actitudes dilatorias ante la petición de información de las autoridades fiscales afectadas. Por ello, pese a las protestas de cooperación como las que ha hecho el Ejecutivo panameño, sería ingenuo pensar en una actuación totalmente transparente por su parte, ya que mataría su gallina de los huevos de oro.