El debate no es jurídico, es político

No hay contradicción alguna entre la aceptación por parte del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, del encargo de Su Majestad de negociar los apoyos necesarios para formar un Ejecutivo estable y que no haya cerrado una fecha de investidura. Ni contradicción, ni regate del artículo 99.2 de la Carta Magna, ni soslayo de la responsabilidad contraída. Rajoy cumplirá el encargo del Rey. No estamos ante un debate jurídico, como pretende el PSOE, sino político. La cuestión de fondo es que sería perfectamente inútil presentarse ante el Parlamento sin otra consecuencia que el rechazo reiterado y anunciado de la mayoría de la Cámara, con la inevitable convocatoria de unas terceras elecciones. Se dirá que el presidente del Partido Popular ha adquirido la responsabilidad de poner en marcha el reloj legislativo, pero una mínima reflexión nos dice que, aunque así sea, sin un acuerdo previo, el destino de la presente legislatura es el mismo que el anterior. En definitiva, que sin un cambio de posición política de los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Ciudadanos, Albert Rivera, la situación de bloqueo institucional se mantiene, sin más salidas que el adelanto electoral o un improbable Ejecutivo alternativo socialista –el gobierno «Frankestein», en feliz expresión de algunos barones del PSOE–, con el apoyo de Podemos y el imprescindible voto de los representantes nacionalistas y separatistas. Si ésa es la opción que acaricia Sánchez, la mínima lealtad debida a los españoles le obligaría a plantearla, sin aguardar tácticamente a un fracaso de su adversario. Si no, el secretario general socialista sólo puede ejercer de obstáculo estéril para el normal desarrollo institucional de nuestro país. Cualquier otra interpretación puede ser tildada de cínica. Que Pedro Sánchez pretenda como solución plausible que el PP reciba los apoyos de los partidos nacionalistas vasco y catalán no deja de ser una burda impostura, mucho más cuando el líder socialista es perfectamente consciente, por un lado, de que su propio Comité Federal vetó cualquier apoyo que proviniera de los separatistas catalanes y, por otro, de que el PSOE y el PNV se apoyan mutuamente en el gobierno de las capitales y diputaciones vascas. Por lo tanto, y a menos que los nacionalistas catalanes regresen a la senda constitucional, lo que no parece probable, la «solución Sánchez» para Mariano Rajoy tiene mucho de brindis al sol, por no tildarla de burla. El problema es que la situación política no admite tacticismos. A nadie se le oculta que España necesita que se forme un gobierno estable lo antes posible, como reiteró ayer Rajoy, tras aceptar el encargo de Su Majestad. La urgencia viene dada no sólo porque una prolongación de la actual interinidad afecta negativamente al crecimiento económico y a la lucha contra el desempleo, sino porque hemos sido emplazados por la Comisión Europea a cumplir el pacto de estabilidad y, además, hay que aprobar el techo de gasto y elaborar los Presupuestos Generales del Estado, que deben pasar el trámite de aceptación por parte de Bruselas. Y el plazo, ciertamente, se agota en octubre. Hay otras muchas razones que aconsejan que España salga de la provisionalidad, –y no es la menor de ellas el desafío del separatismo catalán–, pero esa salida no está en manos de Mariano Rajoy. PSOE y Ciudadanos deben asumir su responsabilidad y levantar el bloqueo. La oferta del candidato popular de un gran acuerdo de Gobierno constitucionalista está sobre la mesa y, a nuestro juicio, sería la mejor opción. En cualquier caso la pelota está en el tejado de Sánchez y de Rivera. Son tiempos de diálogo, pero también de urgencias. Porque España necesita un Gobierno ya.