El deber de acoger a los represaliados de Maduro

El deterioro agudo de las condiciones de vida en Venezuela, la violencia institucionalizada por la dictadura de Nicolás Maduro contra el pueblo movilizado a diario en las calles, que se traduce en las 73 víctimas mortales de las manifestaciones populares contra el chavismo, ha deparado también un éxodo creciente de ciudadanos que buscan seguridad, libertad o simplemente vivir con dignidad fuera del que llegó a ser uno de los países más ricos de Iberoamérica. En España lo sabemos bien. Por razones culturales y sentimentales, nuestro país es uno de los destinos elegidos por los venezolanos para escapar del régimen bolivariano. En el marco de un récord histórico en el número de solicitudes de asilo con 15.755 el pasado año, una cuarta parte, 3.960, fue de ciudadanos venezolanos que pidieron protección por la crítica realidad de su país. De hecho, Venezuela se situó por primera vez como el Estado de origen con la mayor cantidad de demandantes de asilo, según el informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). El dato trasciende aún más si se compara con los 596 venezolanos solicitantes en 2015 o los 19 que lo demandaron a comienzos de esta década. Ante esta diáspora, España tiene el deber de asistir y atender a los nacionales de un país hermano con quienes nos ligan sólidos vínculos históricos y afectivos, más aún por huir de un régimen represor.