El despilfarro autonómico pone en riesgo el crecimiento

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Sin pretender restarle importancia, el desvío registrado en el control del déficit público pactado con Bruselas para 2015 es perfectamente corregible y, sobre todo, no supone mayor obstáculo para la evolución positiva de la economía española. Otra cuestión sería si a la desviación registrada, de casi un punto, hubiera que sumarle la caída del crecimiento o el incremento del índice de desempleo. Es decir, que aunque se trata de un dato objetivamente malo, una visión de conjunto –que tenga en cuenta el ritmo al que aumenta el PIB, los mejores datos del mercado laboral, el superávit externo, el control de los precios y el consumo de los hogares– permite situarlo en su justa medida. Conviene adelantar la conclusión ante la batería de interesadas descalificaciones de la acción del Gobierno vertidas por todos los partidos de la oposición, incluso por algunos que venían predicando políticas agresivas de mayor gasto público o que, como en el caso de Podemos y sus mareas, proponen incrementos presupuestarios de hasta 96.000 millones de euros. Por otra parte, el déficit del Estado continúa su camino hacia el equilibrio presupuestario –se ha rebajado del 5,8 por ciento al 5,2– y la gran pregunta es si podrá seguir haciendolo ante la mera perspectiva de que surja un gobierno débil, sostenido necesariamente por quienes propugnan políticas populistas clientelares, disfrazadas de gasto social que, por cierto, son los mismos que están al frente de las dos autonomías, Cataluña y la Comunidad Valenciana, que más han contribuido a la presente desviación del gasto. Porque, como ha señalado sin el menor rodeo el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, el factor determinante del incremento del gasto público hay que situarlo en el incumplimiento presupuestario de los gobiernos regionales –con la excepción de Canarias y Galicia–, puesto que el mayor déficit registrado por la Seguridad Social podía enjugarse con el buen comportamiento registrado por la Administración Central del Estado y las corporaciones locales, y con el hecho de que el desequilibrio de la Seguridad Social ya había entrado en un proceso corrector por sí misma: en 2015 se incorporaron 533.000 nuevos cotizantes, mientras que el número de pensionistas aumentaba en 79.000. Por lo tanto, como señalábamos al principio, se trata de un problema localizado en algunas administraciones autonómicas, que, independientemente del sistema de financiación, han tenido un peor comportamiento de gasto que otras. Como en este ámbito las medidas de corrección que es necesario arbitrar no dependen de la existencia o no de un Gobierno en funciones, sino de lo que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria, no parece que haya el menor problema técnico o legal para reconducir la desviación del gasto. Surgirá, sin duda, el esperado rechazo de quienes se vean señalados por Hacienda, con el inevitable recurso dialéctico a la denuncia de las deficiencias de financiación. Simplemente, no es cierto, una vez que es el Estado quien ha venido respaldando tanto la deuda autonómica como sus necesidades de financiación, además de poner en marcha el plan de pagos a proveedores. Tampoco quiere decir que los gobiernos regionales se verán obligados a hacer más recortes, sino, simplemente, a no incrementar el gasto. De lo contrario, se corre el riesgo de reiniciar la espiral diabólica de la crisis.