El falso debate entre libertad y seguridad en la Unión Europea

Tras cinco años de bloqueo, el Parlamento Europeo aprobó ayer por una amplísima mayoría el establecimiento de un registro común de datos de viajeros para uso exclusivo en investigaciones contra el terrorismo. Han tenido que intensificarse los atentados islamistas en Europa y Oriente Próximo para que Estrasburgo logre imponer la razón contra la oposición de unos partidos de izquierdas instalados en la pose de la defensa de unas libertades públicas genéricas que ya están convenientemente garantizadas por la legislación comunitaria y por las propias constituciones nacionales. Un falso debate, en definitiva, sobre el derecho a la intimidad de las personas y a la defensa de las libertades individuales, que la resolución adoptada no pone en peligro y que no supone establecer mayores controles externos sobre la vida de las personas que los que, forzosamente, han derivado del uso de las nuevas tecnologías de la comunicación, las transacciones electrónicas comerciales y bancarias, la generalización de la videovigilancia y la extensión de las redes sociales. Con el agravante de que muchas de esas herramientas de toma de datos están en manos privadas, sin residencia conocida y, por lo tanto, son de difícil supervisión. Por otra parte, en los estados democráticos, donde rige la división de poderes, no puede haber colisión entre la seguridad y la libertad, puesto que el monopolio de la fuerza reside en manos de las instituciones del Estado, que es el garante de los derechos ciudadanos. Esta verdad de Perogrullo en las sociedades libres, como son las europeas, suele ser cuestionada por los movimientos antisistema, algunos de los cuales beben ideológicamente de viejas fuentes totalitarias, para atacar los fundamentos de las modernas sociedades de libre mercado. Pero es que, además, la resolución que se ha mantenido bloqueda desde 2011 no facilita otros datos personales sobre los pasajeros de las líneas aéreas que los que ya se cedían a las autoridades de Estados Unidos, Canadá y Australia. Ahora, se compartirán entre los 28 miembros de la Unión Europea, con la finalidad de proteger mejor las fronteras exteriores. A la información previa sobre la identidad, tipo de documentación y residencia del pasajero y datos básicos del viaje, que ya se proporcionaban a los servicios de seguridad, se añade otra sobre el tipo de pago del billete y la identidad de quien lo abona, historial de vuelos anteriores y posibles cambios sobre la marcha en los itinerarios. Es información que puede ayudar a identificar a posibles sospechosos de terrorismo, que suelen utilizar múltiples reservas de vuelo para despistar sobre su origen y destino. Entre las cautelas establecidas por Estrasburgo está la encriptación de los datos a los seis meses de registro y su borrado a los cinco años. Es un buen paso, pero es un paso insuficiente. La lucha contra el terrorismo islamista exige mejores protocolos de colaboración entre los países que intensifiquen el intercambio de información policial y de seguridad. Hasta que los distintos gobiernos de la Unión Europea entiendan que la reserva y el secretismo con que se manejan los archivos propios sobre la delincuencia y el terrorismo –un resabio de la guerra fría y de los conflictos que asolaron el continente– son impropios en un espacio territorial que ha renunciado a las fronteras internas y al control del tránsito de personas y mercancías, no habrá instrumentos de prevención realmente eficaces contra el terrorismo.