El Gobierno tiene palabra

El Gobierno fue claro cuando llegó al poder sobre los sacrificios que la sociedad tendría que asumir para hacer frente a la recesión y lograr la recuperación. En 2012, el panorama era crítico y las políticas fueron duras, muy duras, porque la crisis no dejaba margen para otra respuesta. Entonces, y en los años que siguieron, el Ejecutivo, además de pedir perdón en repetidas ocasiones por las medidas gravosas pero imprescindibles que tuvo que aplicar, añadió que devolvería el enorme esfuerzo realizado por los españoles en cuanto tuviera oportunidad. Incluso, detalló un escenario de ajustes y paulatina recuperación los tres primeros años de la legislatura y de crecimiento en el último. Nada hay, por tanto, de excepcional en que el Gobierno decida recomponer ahora las capacidades perdidas de la sociedad en general y de los colectivos más perjudicados en particular, en la medida de sus posibilidades y mientras no ponga en riesgo los equilibrios económicos que tanto ha costado alcanzar. En ese contexto, el Ejecutivo ha reactivado la Mesa de la Función Pública y mantiene contactos con los representantes de los funcionarios en los que se abordan la reposición a los empleados públicos de la paga extra suspendida en 2012, de la que ya han recuperado el 25%, y los días de libre disposición, siempre que exista el margen presupuestario necesario, pues hablamos de un volumen de gasto de 3.000 millones de euros lo que, obviamente, desaconseja acometer esas medidas de forma conjunta. El Gobierno refrendó ayer, por medio del ministro Cristóbal Montoro, su intención de cumplir con los funcionarios, como también la de aplicar una bajada de impuestos, incluida una eventual del IVA, como adelantó LA RAZÓN. Esa reducción fiscal se concretará a medida que haya más actividad y más empleo, y conforme a la premisa clave de no poner en peligro el objetivo de déficit público y la financiación de la recuperación. Es de justicia recordar que también en esta materia, el Ejecutivo ha comenzado a devolver el esfuerzo de los españoles con una reforma impositiva de 9.000 millones de euros. El crecimiento, la actividad y la bajada de impuestos han permitido que, por ejemplo, la recaudación del IVA de las pymes haya crecido un 10,5% en los cinco primeros meses del año. Por tanto, los planes estaban claros y definidos desde hace tiempo. Achacar las decisiones sobre los funcionarios o los impuestos, o las que están por llegar, a una estrategia electoralista no se sostiene. Hace casi cuatro años, el Gobierno mostró sus cartas con crudeza y realidad, tanto las desagradables como las que entonces parecieron ilusorias. Simplemente, está cumpliendo el compromiso adquirido con la sociedad, restituir a los españoles sus sacrificios, algo que los gobiernos socialistas nunca hicieron.