El infame final de una banda de asesinos

El comunicado en el que ETA anunció ayer su disolución, leído por uno de sus más sanguinarios jefes, José Antonio Urruticoechea Bengoechea, alias «Josu Ternera», formará parte indeleble de la historia infamante de la banda y, sin duda, causará un dolor añadido a sus víctimas y ofenderá con sus mentiras repulsivas a todas aquellas personas de buena voluntad que han sido testigos del horror del terrorismo etarra. Pero la sociedad española, vacunada como está contra la violencia ideológica, no debería dejar pasar con el desdén de lo sabido, el proyecto político separatista y revolucionario que los terroristas esbozan en los escasos seis párrafos de su «declaración final».

En efecto, la banda no sólo no se arrepiente de nada ni asume la responsabilidad de sus crímenes, sino que se plantea alcanzar los mismos objetivos, aunque por otros medios. Derrotada como banda terrorista por las Fuerzas de Seguridad del Estado y los tribunales de Justicia, rechazada por la inmensa mayoría social y desenmascarada en el ámbito internacional, ETA se dispone a articular un movimiento político en el País Vasco, cuyo ensayo más reciente hay que buscarlo en el llamado «proceso» independentista catalán. Estamos, pues, ante una escenificación de «cambio de ciclo» que no es más que la puesta en marcha de la estrategia que planteó Arnaldo Otegi, la llamada «vía Kosovo», ante el ineludible fracaso de la banda. No es sólo que ETA pretenda blanquear su maldita trayectoria y justificar sus sesenta años de existencia, imponiendo un relato nauseabundo de los hechos, es que trata de arrogarse de nuevo el protagonismo y la legitimidad de la construcción de un futuro Estado vasco, que, en consonancia con su factura marxista, será socialista, unificada, es decir, con Navarra y el sur de Francia; euskaldun y –tributo a los nuevos tiempos– «no patriarcal».

Ante lo visto, se hace perentorio trasladar al conjunto de la sociedad española, especialmente a la vasca, la amenaza que subyace en este proyecto de reinvención de la banda, pero, sobre todo, alertar a la izquierda radical que en el conjunto de España representa Podemos y a las distintas formaciones nacionalistas de las consecuencias que puede tener para el progreso y la estabilidad democrática del País Vasco cualquier tipo de acercamiento con el movimiento etarra. En este sentido, basta con citar el comentario del dirigente batasuno Otegi, a propósito de la declaración final de ETA, en el que señala el punto de partida de esta nueva etapa: «seguimos siendo un pueblo que no conoce la paz ni la libertad». O dicho de otra forma, sólo habrá paz y libertad cuando el País Vasco sea independiente. Como en el ensayo catalán, los etarras plantean la acumulación de fuerzas y los acuerdos entre diferentes, en clara alusión al PNV, para forzar el reconocimiento al derecho a decidir, condición indispensable para alcanzar el estatus nacional. Finalmente, de ese proceso, que la banda describe como «independentismo de izquierdas», podrán formar parte todos los militantes etarras, contribuyendo a la causa de la manera que consideren mejor.

Si hemos expuesto con cierta prolijidad la estrategia que, a nuestro juicio, subyace a lo largo de todo el comunicado de la banda es para advertir contra la manipulación del lenguaje y las retóricas torticeras que, con toda seguridad, pondrá en marcha el mundo etarra de cara a esta nueva fase de la «construcción nacional de Euskal Herria». La única respuesta posible ante esta amenaza, que no conviene despreciar, es la misma que ha conseguido la derrota sin paliativos del terrorismo: la preeminencia de la Ley y del orden constitucional, como bases fundamentales de la democracia española y de la convivencia pacífica de todos sus ciudadanos. Por ello, y sin negar que la disolución de ETA es de por sí una noticia positiva, por más que la vileza de su propaganda nos indigne, nada debemos a quienes tanto dolor han causado y, mucho menos, pueden establecerse compensaciones de ningún tipo para quien deja de asesinar. Como advirtió ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la banda puede anunciar su desaparición, pero no desaparecen sus crímenes ni la acción de la Justicia para perseguirlos y castigarlos. La firmeza en la aplicación de la Ley, que implica mantener la persecución de los terroristas huidos para que respondan de sus delitos, es una exigencia irrenunciable en un estado de Derecho.

Probablemente, a partir de ahora, se alzaran voces que se pretenden pacificadoras para reclamar cesiones al mundo de ETA ante el «nuevo tiempo político». Pero sin establecer juicios de intenciones a quienes, dentro y fuera de España, sustentan esta posición, hay que insistir en que sólo desde el respeto a la Ley se construyen países libres, democráticamente avanzados. El éxito de la sociedad española en la lucha contra el terrorismo lo demuestra. Ha costado muchos sacrificios y esfuerzos, que la conveniencia política no puede despreciar.