El mismo rostro de ETA

Adiferencia de lo sucedido durante la tregua de 2006, ningún representante del Gobierno español, ni oficial ni oficioso, ha mantenido contacto alguno con la banda etarra. La existencia de una «mesa negociadora» en la capital de Noruega, Oslo, entre un equipo de verificadores internacionales y tres terroristas en busca y captura –Josu Ternera, David Pla e Irache Sorzábal– nunca ha respondido a una iniciativa del Gobierno de Mariano Rajoy, ni ha contado siquiera con su «enterado». De hecho, la expulsión de los etarras por el Ejecutivo noruego, producida a mediados del pasado mes de febrero, no mereció el menor comentario por parte de las autoridades españolas que, en sintonía con Francia, han mantenido la presión policial y judicial contra la banda. Estos son los hechos que el último comunicado de los terroristas vascos pretende, como es habitual en su comportamiento, confundir y desvirtuar. Porque de lo que se trata, que no le quepa la menor duda a nadie, es de endosar la responsabilidad de un probable retorno a la violencia al supuesto fracaso de unas negociaciones que sólo han existido como instrumento estratégico del terrorismo vasco. Pero si algo bueno ha tenido este enésimo episodio de la estulticia etarra es que ha conseguido que se caiga de los ojos la venda de los «verificadores», al final hartos de unos delincuentes que pretendían negociar de tú a tú con dos estados democráticos como Francia y España. La coacción y la amenaza, implícitas en el comunicado de la banda, responden, en realidad, al ultimátum planteado por los verificadores para que los terroristas anunciaran el comienzo del desarme. En definitiva, y aunque surjan los habituales lamentos nacionalistas ante el supuesto retroceso de la paz, nada fundamental ha cambiado. Cuando la banda anunció en septiembre de 2010 su alto el fuego «permanente, general y verificable» en el mismo comunicado mantenía la voluntad de alcanzar por otros medios sus objetivos clásicos: independencia del País Vasco, anexión de Navarra y socialismo. Los mismos que expuso en la tregua de 2006, que acabó con el atentado a la T-4 de Barajas y la muerte de dos personas, y los que ha perseguido siempre. Eso es lo que entiende ETA por negociación y no el esquema simplista de «paz por presos». Los terroristas, armados y reclutando apoyos, mantendrán la tregua mientras les sea útil, como ocurrió en 1998 y en 2006, o lo harán obligados por la presión de la Justicia y el rechazo claro y sin contemplaciones de la mayoría de la sociedad. Al Gobierno español le toca mantenerse firme, como ha hecho hasta ahora, en los principios que conforman nuestro Estado de Derecho. No se negocia con terroristas. En todo caso, se acepta su rendición y se les aplica el Código Penal.