El ruinoso negocio del 27-S

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, convocó ayer las elecciones autonómicas que deben celebrarse en Cataluña el 27 de septiembre. Y lo hizo a última hora para agotar el plazo tras una jornada en la que alimentó el secretismo en torno a la firma de un decreto que, por fuerza, tenía que rubricarse dentro del día de ayer. Esta puesta en escena estuvo, de nuevo, más cerca de la pantomima que de la normalidad democrática de la que tanto huyen Mas y todos los integrantes de esa lista unitaria en la que el presidente catalán va en el puesto número cuatro. Otra excentricidad más. En cualquier caso, tal y como explicó de forma meridianamente clara la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, las elecciones del 27 de septiembre son simplemente eso, unos comicios autonómicos, «y no otra cosa». El Gobierno de Mariano Rajoy –dijo su número dos– permanecerá «vigilante» para cercenar cualquier tentación de darle a la consulta un carácter plebiscitario, algo para lo que «hay otro procedimiento». En este sentido, la vicepresidenta declaró que Mas debe respetar dos cosas: la «legalidad» y la «neutralidad» como presidente en funciones de todos los catalanes. Dado que ésta es la tercera vez que los catalanes acuden a las urnas para elegir a su Parlamento en menos de cinco años, no estaría de más que el presidente ponga, por una vez, el interés general por delante del suyo propio. El fracaso de su papel como gobernante lo han pagado los sufridos ciudadanos y en más de una ocasión ha hecho falta que el Estado, ese que tanto denigran los separatistas, saliera en su defensa. La vicepresidenta le recordó a Artur Mas que «la mejora de la financiación, la mejora de las infraestructuras y el pago a proveedores» han corrido a cargo del Gobierno ante la incapacidad manifiesta de la Generalitat.

La campaña electoral que arrancará el 11 de septiembre (fecha señalada en el calendario del independentismo, que ese día celebra la fiesta de la Diada) será la segunda con Mas en el poder. En 2012, la cita costó a las arcas públicas un total de 15,9 millones, una cifra que este año se prevé superar levemente. Eso significa que cuando acaben las autonómicas del 27-S el Govern de Mas habrá gastado en elecciones más de 30 millones de euros, un ruinoso negocio para el contribuyente, se mire por donde se mire. Y eso sin sumar los 600.000 euros gastados en la consulta ilegal del 9-N. Tanto el Ejecutivo como el Tribunal Constitucional permanecerán alerta para velar por que, al menos, se respete escrupulosamente la Ley de Régimen Electoral General, igual que en cualquier otro rincón de España. El comportamiento errático de Mas ha dividido gravemente a la sociedad catalana. Hace bien el Gobierno de Rajoy en velar por que, al menos en periodo electoral, los catalanes vean protegidos todos sus derechos a votar libremente, sin coacciones ni presiones.