El separatismo no puede ganar

Centenares de miles de ciudadanos catalanes salieron ayer a las calles de Barcelona para expresar con rotundidad su posición contraria al independentismo excluyente y a favor de la unidad de España. El lema era sencillo, un principio elemental para convivir en democracia: la recuperación del «seny», del sentido común. El sentido de la libertad, de que no se puede construir una sociedad, la arcádica República catalana, en contra de la legalidad democrática y en contra de más de la mitad de la población. En ese punto está ahora mismo la política en Cataluña tras el paso del devastador del «proceso» que ha destrozado el pacto fundamental sobre el que se habían asentado casi cuarenta años de progreso y autogobierno. Ayer, de nuevo, quedó claro que hay una Cataluña que se siente parte de España y quiere seguir conviviendo en paz. Una Cataluña que ha estado silenciada, que no se sentía representada por la Generalitat, mientras ésta la consideraba una parte extraña dentro de ese identitario y totalitario «sol poble». Así las cosas, es evidente que esa recién nacida República catalana es un fraude, una ilusión hipnótica con la que el independentismo quiere seguir manteniendo sus estatus privilegiado con el que ha tenido bajo su control todos los resortes de poder. Pero nace debilitada, como ya ha reconocido Oriol Junqueras, y es evidente que no echará andar, por dos motivos principales: no cuenta con la mayoría social, ni mucho menos, y no está respaldada por la legalidad. Es más: se ha proclamado –o lo que fuese– como un golpe contra la legalidad democrática, lo que, por principios, no puede alcanzar sus objetivos.

Tras la puesta en marcha del artículo 155 para restituir las instituciones del autogobierno abolidas por el independentismo y la convocatoria anunciada por Mariano Rajoy de elecciones autonómicas, la política en Cataluña vuelve a dar sus primeros pasos en unos términos minimamente racionales y dentro de la legalidad. La manifestación de ayer en Barcelona dejó claro que hay una necesidad de cambio, de romper la asfixiante hegemonía del nacionalismo. Los saben los tres partidos de la oposición, PP, PSC y Cs, y deberían tener en cuenta, además, que su estrategia pasa fundamentalmente por la movilización del electorado. En este sentido, hay que tener en cuenta que en las elecciones de 2015 se llegó al límite de participación, con el 77,44%, un nivel muy por encima de lo normal y que rozaría la abstención estructural. Esta participación debería mantenerse, incluso aumentar, pero teniendo en cuenta que lo importante es la suma total entre los partidos constitucionalistas, que deben elegir muy bien a su adversario principal y no desgastar a los aliados necesarios. Los cálculos es que habría que aumentar la participación en 300.000 votos para dar el vuelco. El objetivo no es otro que desbancar a los partidos independentistas, cuya tendencia electoral es a la baja, confirmándose que siguen sin superar el 50% de los votos. Según un sondeo de NC Report, los tres partidos independentistas representados en el Parlament ahora disuelto, PDeCAT, ERC y la CUP, alcanzarían 65 escaños, siete menos que actualmente, con lo que no alcanzarían la mayoría absoluta, situada en 69. Esta es la clave y es la tendencia que es necesario reforzar. Por contra, Cs, PSC y PP crecen y llegan a los 56 diputados, cuatro más que en 2015, pero confirmando la tendencia a alza. De hecho, los constitucionalistas superan en 20.000 votos a los independentistas.

En estos momentos hay muchos incógnitas abiertas para prefigurar un nuevo mapa electoral en Cataluña. La primera pasa por el hecho de que el independentismo todavía no ha asimilado el fraude de su propia declaración de independencia, la aplicación del 155 y su absoluto aislamiento internacional y se debate sobre si debe presentarse a estas elecciones, con la duda de que su participación supondría legitimarlas. La segunda cuestión es saber si se mantendrá la candidatura de Junts pel Sí y la alianza entre el PDeCAT y ERC. La desconfianza es mutua y las acusaciones de traición indica que puede romperse el pacto. El papel de la CUP es otra incógnita, porque, aunque su caída es importante, si participase en los comicios –en contra de lo que ya había anunciado–, reforzaría el bloque independentista. Por último, el partido de Colau y Pablo Iglesias, más allá de la equidistancia, han elegido la opción separatista como manera de minar el «régimen del 78», cuando el adversario es el «régimen nacionalista». La llamada «izquierda de verdad» demuestra su entreguismo a los secesionistas.