Es la hora de la justicia

De todo lo que le oímos decir ayer a Puigdemont en Bruselas, sólo hay tres cosas que pueden ser ciertas –con la precaución debida de que con tan mendaz personaje todo es posible– y tenidas en cuenta. La primera, que no ha pedido asilo al gobierno belga, aunque sería mejor decir que ante su pretensión le fue rotundamente denegada. La segunda, que acata las elecciones del 21-D, que es como decir que acepta la aplicación del artículo 155 y, por consiguiente, su propio cese. Y de paso su rotundo fracaso político. Sólo desde ese hundimiento puede comprenderse su pérdida del sentido de la realidad y el espectáculo ofrecido ayer, el último, aunque todo indica que continuará. La tercera evidencia es que Puigdemont se ha fugado, o por lo menos se ha quedado fuera del alcance de la Justicia, lo que complica todavía más su situación. Una huida indigna con la que abandona a quienes prometió lealtad animándoles a resistir. El resto de su comparecencia fue un cúmulo insoportable de insultos a la sociedad española, al Estado de Derecho y, de manera especial, a nuestro sistema judicial. Pese a sus reiteradas muestras de persistir en el delito de rebelión, a sus llamamientos a la desobediencia y a enfrentarse al incumplimiento de la legalidad, se atrevió a poner en duda que tuviera un juicio con garantías. Todo indica que lo verá pronto. Lo que Puigdemont no explicó en ningún momento –tampoco nadie se lo pudo preguntar: en su comparecencia sólo aceptó cinco preguntas acordadas y la única española fue de TV3– es que su delito era haber infringido la legalidad democrática reiteradamente, Constitución y Estatuto. Pero más pronto que tarde deberá dar cuenta ante la Justicia, con todas las garantías. La juez Carmen Lamela ha aceptado quedarse con la investigación por malversación, sedición y rebeldía –delito este último que se dejó abierto a criterio de la magistrada– y ha citado a Puigdemont, Junqueras y al resto de ex consejeros a declarar el jueves y viernes en la Audiencia Nacional. Por su parte, el Tribunal Supremo también admitió la querella contra Carme Forcadell y el resto de la Mesa del Parlament que votó a favor de la tramitación de la declaración de independencia. La maquinaria judicial, la herramienta con la que se defiende el Estado de derecho, está en marcha. Puigdemont puede declararse en rebeldía y prolongar en Bruselas o en cualquier otro lugar del mundo un proceso que se alargaría hasta noventa días después de cursarse la orden de entrega y detención para abrirse las pesquisas y decidir su extradición. Puede que sea este escenario el que busque, hacer campaña y desprestigiar a las instituciones españolas, pero él y el resto de dirigentes separatistas investigados deberían tener una defensa más realista y ajustada a derecho, abandonar el criterio de que están sometidos a un «juicio político» y afrontar la realidad de que un ataque frontal al Estado de Derecho tiene consecuencias. Su desesperada huida empieza a dejar víctimas. Ha pisoteado la dignidad de la Generalitat y se ha burlado de miles de catalanes que, con la mejor intención, creyeron que la independencia era viable en dieciocho meses y que él sería el garante moral del nuevo Estado. Nada más lejos y más crudo: la aparición de Puigdemont ayer sólo buscaba salvarse él mismo y paliar las consecuencias penales de su golpe a la legalidad democrática, intentando internacionalizar su caso, pero sólo el suyo. Todo el bloque separatista, desde ERC a la CUP, ya ha reconocido que el «proceso» era una quimera inmadura, lo que no impidió que la mentira siguiera rondando en busca de una comprensión internacional que no llegará. Ahora tiene la palabra la Justicia.