Es responsabilidad europea

Una gestión de urgencia ante las autoridades marroquíes, muy bien resuelta por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha devuelto la normalidad a las aguas del Estrecho de Gibraltar y a la frontera de Melilla, desbordadas por una avalancha de emigrantes irregulares que no se había visto en los últimos años, hasta el punto de que el pasado martes se registró un pico sin precedentes, con 94 embarcaciones de fortuna interceptadas, en las que viajaban 920 personas, tal y como ha denunciado la Cruz Roja de Cádiz. Rabat ha reconocido «disfunciones» en el despliegue de seguridad costero y en la valla de Melilla, sin especificar sus causas, pero la larga experiencia de nuestras relaciones con el reino alauí nos dice que, detrás del inusual movimiento fronterizo, se oculta el malestar de Rabat, tal vez por la comisión rogatoria contra agentes marroquíes dictada por un tribunal de Melilla, en el marco de una investigación judicial sobre maltrato a inmigrantes. El hecho es que, ayer, tras la intervención de Interior, retornó la normalidad al Estrecho, con una drástica reducción del número de pateras interceptadas, y aunque se produjo un nuevo intento de salto en Melilla, se reanudó satisfactoriamente la cooperación entre la Guardia Civil y la Gendarmería. Pero lo sucedido en estos dos días febriles, en los que, afortunadamente, no ha habido que registrar víctimas entre los inmigrantes, gracias al trabajo de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de Salvamento Marítimo y de la Armada, obliga a poner sobre la mesa el asunto de fondo, que no es otro que el de la ausencia de una política migratoria digna de ese nombre en el seno de la Unión Europea. Si bien la situación permanece bajo control gracias a la estrecha colaboración consolidada en los últimos años entre España y Marruecos, lo cierto es que Europa no puede dejar caer la responsabilidad del problema exclusivamente sobre los socios que conforman la frontera exterior, ni exigir a los países norteafricanos, que son los que sufren en primera instancia la presión migratoria subsahariana, esfuerzos para los que no están preparados. Y no se trata, como argumenta sibilinamente el portavoz de la Comisión Europea, Michael Jennings, de ofrecer asistencia ante una emergencia puntual como la de esta semana, para la que España, por otra parte, tiene medios y profesionales más que suficientes, sino de reconocer que el problema debe abordarse de una manera integral, actuando política y económicamente en los países generadores de inmigración, y no sólo en los de tránsito. Bruselas debe ser capaz de llevar al ánimo de los gobiernos africanos la convicción de que deben cumplir su parte y colaborar en el control del tráfico irregular de inmigrantes, como ya hizo España para normalizar la situación en las costas de África occidental.