Escraches y demagogia

Causa sonrojo el nivel de demagogia con que la izquierda española manipula un asunto de tanta gravedad y daño social como son los desahucios. Causa sonrojo e indigna la manipulación torticera de un drama que deriva directamente de la profunda crisis económica que atraviesa España, precisamente por los mismos que no sólo se mantuvieron en silencio ante las disfunciones de una legislación inequitativa, sino que también propiciaron una reforma legislativa para facilitar y apresurar el desalojo de quienes ya no podían hacer frente a los alquileres, en lo que se dio en llamar «desahucio exprés». Como publicaba ayer LA RAZÓN, nada menos que el 99 por ciento de los procedimientos de desahucio actualmente en marcha –o ya ejecutados– se incoaron mientras gobernaba el PSOE ante el estruendoso silencio de quienes ahora se manifiestan en las calles, frente a los domicilios de los diputados del Partido Popular y de sus familiares. Si no tuviéramos ya sobrada experiencia de la actitud de cierta izquierda cuando las urnas la expulsan del poder, podríamos dejarnos engañar por un movimiento que, en realidad, no tiene más respaldo que el de los habituales de la protesta antisistema. Esos escraches, simple y llano acoso, tienen un tratamiento previsto en nuestras leyes –tanto en la ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana como en la que regula el derecho de reunión– que facultan a las autoridades a tomar las medidas que crean necesarias para garantizar la libertad y seguridad de las personas. El Ministerio del Interior, que dirige Jorge Fernández Díaz, ya ha trasmitido a las delegaciones del Gobierno las instrucciones para impedir los actos de acoso, hostigamiento y coacción a cargos públicos, medida que sólo puede ser bienvenida. Porque, además, nos encontramos ante la presión ejercida por unas plataformas que han hecho de la «dación en pago» una especie de verdad revelada, cuando de lo que se trata es de garantizar en lo posible que las personas afectadas por un impago de la hipoteca por causas sobrevenidas puedan conservar su vivienda y hacer frente en mejores condiciones al compromiso contraído. En ello está trabajando el Gobierno de Rajoy, que se encontró de lleno con el problema generado por otros, a través de una reforma en profundidad de la ley hipotecaria que debe reequilibrar los derechos y obligaciones del deudor y del acreedor, tal y como han establecido los tribunales europeos, y, al mismo tiempo, garantizar la viabilidad del mercado hipotecario español, condición indispensable para que los ciudadanos puedan aspirar a una vivienda propia. Acciones demagógicas como la de la Junta de Andalucía, con un populista decreto expropiador susceptible de amparar fraudes, sólo consiguen dañar al mercado y no atacan las verdaderas raíces del problema.