Fugados de la realidad

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, advierte en la entrevista que hoy publica LA RAZÓN del riesgo de que la deriva separatista que impulsa el presidente de la Generalitat, Artur Mas, acabe en una frustración colectiva cuando se demuestre que se trata de un camino sin salida. Y añade: «Cada centímetro cuadrado de este país es propiedad indivisa de todos los españoles y no hay dirigente político, por amplia que sea su mayoría, que pueda expropiarles». Quienes ayer asistieron, con espíritu crítico, al espectáculo que la autodenominada Asamblea Nacional Catalana (ANC) protagonizó en Tarragona comprenderán perfectamente el calado de la advertencia del ministro. Porque más allá de la inconsistencia de los planteamientos independentistas, mil veces denunciados desde estas páginas, nos hallamos ante una pura fuga de la realidad por parte de un sector de la sociedad catalana, todavía minoritario, que se encontrará ante un irremediable vacío político, pero también anímico y moral, cuando los mecanismos legales, dispuestos por nuestro ordenamiento constitucional, surtan sus efectos jurídicos. Ni que decir tiene que la «hoja de ruta», por respetar la expresión algo manida de los dirigentes de la ANC, que ayer se presentó en Tarragona, carece de la menor viabilidad. Pero no es tanto el programa reivindicativo separatista, compendio de actos testimoniales, lo que debería preocupar a la Generalitat, sino el problema no menor de que se esté induciendo a las corporaciones locales de Cataluña, parte de las cuales respaldan específicamente a la ANC, a llevar a cabo actuaciones con trascendencia jurídica claramente al margen de la legislación vigente y que, por tanto, serán respondidas con el peso de la Ley. No nos hallamos ante una hipótesis política, discutible, sino ante una certeza que nadie está legitimado para obviar, y menos el presidente de la Generalitat de Cataluña obligado, por su condición de máxima representación del Estado en la comunidad, a cumplir y hacer cumplir las normas. De ahí que devenga imperativo para Mas llevar a cabo una rectificación del proceso soberanista antes de que se culmine ese salto al vacío que dejará gravemente tocada a una parte de la sociedad catalana. Frente a quienes, arrastrados por las circunstancias, aducen ignotas fuerzas telúricas para justificar su contumacia, hay que poner de manifiesto que aún se está a tiempo de corregir el error, de regresar al ámbito de la Ley y de los intereses comunes. Con seguridad podemos afirmar que, en ese camino de vuelta a la razón, Mas encontraría el apoyo de la inmensa mayoría de los ciudadanos y, por supuesto, del Gobierno y las instituciones de la nación. Es cuestión de dar el primer paso. Como, por ejemplo, desmarcarse públicamente de la «hoja de ruta» suicida de la ANC. Si no lo hace puede interpretarse que la asume.