Griñán y el gran fraude

No deja de sorprender que a la asunción paladina que hizo ayer el ex presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, de que la trama de los ERE había sido «un gran fraude» no le haya sucedido la asunción directa de su responsabilidad política y la consecuente renuncia a su escaño en el Senado. Porque lo que el ex presidente andaluz califica con indudable acierto de «gran fraude» se produjo a lo largo de más de una década, tiempo en el que desempeñó dos cargos capitales en la Junta como son la Consejería de Hacienda y la presidencia, y supuso la malversación de 850 millones de euros de dinero público destinado a ayudas «sociolaborales», que en buena parte acabaron en los bolsillos de intermediarios y personajes relacionados con su partido, cuando no en subvenciones encubiertas a sindicatos e instituciones políticas de la misma órbita. Un «gran fraude», en efecto, que ha supuesto, según la instrucción judicial de la magistrada Mercedes Alaya, que cada puesto de trabajo a extinguir haya costado al erario público 140.000 euros, enorme cantidad de la que, por supuesto, los trabajadores legítimamente afectados sólo percibían una pequeña parte. No se trata de plantear la idoneidad de una política que, en la práctica, primaba el cierre de empresas en lugar de incentivar el mantenimiento de los puestos de trabajo, que sería motivo de otra discusión, sino de hasta qué punto el máximo responsable de esa política, que algunos consideran «social», puede alegar como eximente de la responsabilidad el desconocimiento de su gestión, que es lo que hizo ayer José Antonio Griñán ante el juez instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, durante sus cuatro horas de comparecencia. Una defensa técnica, que pretende justificar en la existencia de departamentos estancos dentro de la Junta de Andalucía –la «gestión del presupuesto» frente a la «gestión del gasto»– la ausencia de controles sobre el destino del dinero público. Aún es pronto, dado que falta tomar declaración a los otros tres aforados –Manuel Chaves, Gaspar Zarrías y Mar Moreno–, para que el instructor decida sobre el futuro judicial de José Antonio Griñán y sus compañeros, y si acepta o no el planteamiento de la juez Alaya que considera que al «gran fraude» le corresponde una «gran trama» de financianción irregular del PSOE andaluz y de clientelismo político, pero la mera descripción de los hechos y la propia declaración de José Antonio Griñán parecen causas suficientes para dimitir de su puesto de senador, al que, por cierto, llegó con el único fin de ampararse en los privilegios procesales de los aforados. Dimisión que, además de conveniente para contribuir a la regeneración de la política española, tendría la virtud de facilitarle mucho las cosas a Susana Díaz, la actual presidenta de la Junta en funciones.