Hoy no habrá referéndum

Hoy, España se enfrenta en Cataluña a la escenificación del golpe antidemocrático urdido por la Generalitat que preside Carles Puigdemont. Es, sin duda, uno de los desafíos más serios que ha recibido la democracia española desde la Transición porque ataca la misma esencia de nuestro sistema constitucional al negar la soberanía del pueblo y, por ende, todos los principios, normas y leyes que de ella se desprenden. Así lo ha entendido la sociedad española, que si antes observaba atónita y preocupada cómo desde las propias instituciones del Estado –la Generalitat y el Parlamento autónomo lo son– se quería perpetrar, sin escrúpulo alguno, un acto de secesión contrario a la Carta Magna, a la propia normativa catalana y a los tratados internacionales que rigen la convivencia entre las naciones civilizadas, ahora reclama sin rebozo el respeto a sus derechos y libertades que encarnan la unidad de España. Absolutamente ninguna de las acciones llevadas a cabo por los impulsores del separatismo tiene anclaje legal ni justificación moral. Ni en el fondo ni en la forma, los partidarios del golpe, que hoy, eludiendo sus responsabilidades personales, tratarán de escudarse en la masa fanatizada, han mostrado el menor respeto a los usos democráticos. Hoy, por lo tanto, suceda lo que suceda en el Principado, no asistiremos a un referéndum ni a nada que pueda, siquiera, remedar un instrumento de la Democracia representativa.

Tal es así, que los golpistas catalanes han tenido que fabricar una realidad alternativa para eludir las verdaderas cuestiones de fondo que interpelan su conducta y que exponen a la luz de la verdad la mixtificación xenófoba y la soberbia de todos los nacionalismos identitarios que el mundo ha sufrido. Así, conscientes de que incumplían la doctrina de Naciones Unidas sobre el derecho de autoderminación, los separatistas han montado la ficción de un pueblo al que se niega su «derecho a decidir», figura jurídica inexistente; un pueblo supuestamente oprimido que, sin embargo, ha invertido la carga de la prueba. Cataluña, por supuesto, nunca ha sido una colonia, ni ha sido anexionada por conquista, dominación extranjera u ocupación, ni sus habitantes han sufrido la violación de los derechos fundamentales, que son las causas que establece Naciones Unidas para justificar un proceso de secesión. Por el contrario, España es un país democrático, descentralizado, del que Cataluña forma parte, en su formulación moderna, desde hace cinco siglos, aunque cultural y geográficamente haya que remontarse a la primera división administrativa de la Roma imperial. Es más, con su acción golpista, la Generalitat se coloca fuera de las resoluciones de la ONU que son claras a este respecto: «Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de la Naciones Unidas». Pero, incluso, si aceptáramos a meros efectos dialécticos el planteamiento de la consulta impuesta por la Generalitat, ésta también carecería de los fundamentos legales y democráticos que la Comisión de Venecia, organismo asesor del Consejo de Europa, establece para la celebración de un referéndum, y que parten de la premisa de que «cualquier consulta se lleve a cabo en pleno cumplimiento con la Constitución y la legislación aplicable», y advierte contra la pretensión de que los referendos se usen para «minar la legitimidad de las instituciones representativas».

Salvo apoyos episódicos, algunos caricaturescos, la Generalitat de Cataluña ha visto cómo sus falacias argumentativas han sido desmontadas por todas las instituciones internacionales, especialmente desde una Unión Europea cada vez más alerta ante el resurgimiento de los nacionalismos excluyentes y que conoce por experiencia propia cómo funcionan los mecanismos de exaltación de los propios y de estigmatización de quienes no se avienen a la sumisión o defienden la primacía de la Ley sobre el puro voluntarismo antidemocrático. De hecho, y siempre por unanimidad, el Tribunal Constitucional ha formulado numerosos dictámenes contra el proceso separatista y sus impulsores, siempre desde la defensa de la soberanía popular y del principio de jerarquía de las leyes, que tiene en la Carta Magna su mayor expresión.

Pero deslegitimado democráticamente el referéndum, obligado a su suspensión por la Justicia y convertido en un simple elemento de confrontación, el presidente de la Generalitat y sus consejeros han decidido seguir su huida hacia adelante, sin el menor remilgo a la hora de empujar a la población a un acto de desobediencia contra las propias bases de la democracia y contra las mismas leyes que garantizan sus derechos y libertades. Y como era de esperar, sin tratar de respetar las mínimas formas que requiere una consulta digna de tal nombre y saltándose su propia legislación: sin censo, sin papaletas, sin urnas, sin Junta Electoral, sin interventores... En definitiva, sin garantías. Hoy, pues, no habrá un referéndum en Cataluña. Todo lo más, una intentona golpista que los españoles tenemos el deber de hacer fracasar.