Justicia igual para todos

La Audiencia Provincial de Baleares ha suspendido la imputación de la Infanta Doña Cristina en el «caso Nóos» y ha desmontado uno por uno los catorce argumentos aducidos por el juez instructor, al que se elogia el esfuerzo, pero se le reprocha la escasa consistencia técnica. De hecho, los magistrados de la Audiencia, que hacen suyas las tesis del fiscal Horrach, anotan con cierto asombro que el juez Castro eleve a categoría de indicio lo que no son más que conjeturas y suposiciones, grave confusión que en el ámbito penal es inadmisible. En este punto, rechazan que de lo investigado se deduzca que Doña Cristina haya sido cómplice o cooperadora necesaria de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil. Por tanto, tampoco procede que se llame a declarar a la Infanta como testigo. Conviene también subrayar que el auto judicial reconviene al juez instructor por haber permitido la estrategia del imputado Diego Torres de ir aportando al sumario correos electrónicos a cuentagotas y con el único propósito de alimentar el circo mediático. En consecuencia, le insta a que solicite los correos restantes y que, transcurrido un plazo, no admita más. A nadie se le oculta la severa reprimenda que encierra esta disposición para el juez Castro, cuya actitud permisiva y poco seria con una estrategia chantajista y de dudosa legalidad ha alentado un incesante linchamiento social de Urdangarín y su esposa. ¿Qué ha adelantado la instrucción con tales escándalos? Nada, evidentemente, pues de lo contrario la Audiencia balear se habría pronunciado en muy diferente sentido. Es cierto que el tribunal no prejuzga el resultado final de otras investigaciones en curso, sobre todo las de carácter fiscal, por lo que activaría la imputación si se llegara a acreditar la comisión de delitos de blanqueo de dinero o de fraude tributario. De entrada, Hacienda informó días atrás de que ni Doña Cristina ni Urdangarín se habían acogido a la amnistía fiscal, a la que sí se acogieron Torres y su esposa, lo que evidencia quién había evadido dinero y quién no. En conclusión, tras la decisión de la Audiencia Provincial de Baleares, el juez Castro ya puede aliviarse del peso que le oprimía por temor a no poder demostrar que «la Justicia no es igual para todos» si no imputaba a la Infanta. De esta misma convicción participaron ayer los principales partidos y, por si hubiera alguna duda, el hecho de que los portavoces comunistas se rasgaran las vestiduras demuestra de modo irrefutable que la Justicia, además de ser independiente, está vacunada contra el populismo de horca y cuchillo. Ahora, lo que procede es que el instructor culmine su trabajo con diligencia y, a ser posible, con el rigor técnico deseable, de modo que el caso avance por el estricto cauce de la Justicia.