Justicia lenta a favor de Mas

Hay un axioma muy conocido que sentencia que una Justicia lenta no es justicia. En España se recurre con frecuencia a esta máxima porque nuestro sistema no tiene entre sus virtudes indiscutibles la de la celeridad. Pero hay casos y casos, y la premiosidad de un tribunal está justificada y determinada en una buena parte de las ocasiones por no pocas circunstancias ajenas al trabajo de los jueces, pero hay otras que se escapan a la lógica y que, en principio, carecen de un fundamento comprensible. Es el caso del procedimiento contra Artur Mas por la organización de la consulta alternativa separatista del 9 de noviembre de 2014. La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decidió investigar al president de la Generalitat el 22 de diciembre del pasado año. Los magistrados admitieron la querella de la Fiscalía en la que se acusaba a Mas y a dos de sus consejeros por la supuesta comisión de un delito de desobediencia de la resolución del Tribunal Constitucional, que había suspendido el denominado proceso participativo del 9-N. La instrucción quedó en manos del magistrado Joan Manet Abril. Desde entonces –y han transcurrido ya siete meses–, del trabajo del instructor hemos conocido que solicitó una serie de diligencias el 15 de junio, que a su vez habían sido requeridas por el Ministerio Público en marzo. Y nada más. Estamos ante una investigación excepcionalmente tediosa y un procedimiento inusual en comparación con sus semejantes. Lo habitual es que el magistrado adopte entre sus primeras decisiones la de llamar a declarar a los implicados, aunque sólo sea porque se garantiza el derecho a la defensa de una forma más eficaz y beneficiosa para ellos. Tenemos, por tanto, una instrucción llamativamente parsimoniosa y más bien heterodoxa en el tratamiento a los afectados, en este caso Artur Mas. Con estos plazos, y el condicionante del verano, parece poco menos que imposible que el president de la Generalitat tenga que prestar declaración como imputado en el TSJC antes de las elecciones autonómicas del 27 de septiembre. Gracias a las cautelosas indagaciones del magistrado Joan Manet Abril, Artur Mas y la lista separatista tienen despejado el horizonte judicial hasta la cita con las urnas, y no nos sorprendería que más allá. Estas situaciones inauditas no favorecen la imagen de la Justicia, que tiene entre sus pilares el principio de legalidad, que no el de oportunidad, y el concepto inquebrantable de que la Ley es igual para todos. Cabe esperar que el instructor o alguna autoridad superior en el Tribunal sean capaces de normalizar un procedimiento de tan especial gravedad y trascendencia como es el de la desobediencia, cuando no rebeldía, de una autoridad del Estado a un tribunal, sacarlo de tiempos y modos excepcionales y despejar cuanto antes el camino de la verdad judicial con todas sus consecuencias.