La Constitución, la única vía

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La primera reunión oficial entre el Rey Felipe VI y el presidente de la Generalitat, Artur Mas, tuvo lugar ayer en el Palacio de la Zarzuela, aunque ambos habían coincidido hasta en seis ocasiones en diferentes actos públicos en Cataluña, adonde Don Felipe ha viajado asiduamente con el compromiso de cuidar los lazos con la sociedad catalana. La audiencia de ayer se ha celebrado en un momento crucial marcado por la creación de una lista única independentista con el objetivo de ganar las elecciones autonómicas –todavía no convocadas– del 27-S y poder declarar la secesión unilateral. Del encuentro de ayer, cuyo contenido, como es habitual en la Casa Real, no ha trascendido, podemos anticipar que el Jefe del Estado insistió en el mensaje expresado en la entrega de los premios Princesa de Girona el pasado 25 de junio: la «unidad» y los «logros colectivos» alcanzados. En la pretensión de Artur Mas estaba explicar al Rey la hoja de ruta del independentismo, algo que no sólo es un sinsentido político, sino un desaire inaceptable a la más alta institución del Estado, pues es ésta la garante de la unidad territorial de España. ¿Qué pretendía Mas con este gesto? ¿Buscar la complicidad de la Monarquía en su aventura? Poco antes de iniciarse la reunión en La Zarzuela, el brazo derecho de Mas, Francesc Homs, daba pistas de la más absoluta deslealtad del presidente de la Generalitat: su portavoz dijo que Cataluña «no puede aceptar que la legalidad sea España». En su desconocimiento de los principios constitucionales modernos, fue más allá cuando afirmó que «en la época de Franco también había legalidad». Es evidente que hay una clara intención de ofensa y de rebajar los principios democráticos de nuestra sociedad y de situar por encima los de una supuesta «democracia catalana». Desconocer que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, incluidos los ciudadanos catalanes, sólo puede llevar a una pesadilla política en la que se quiere imponer la «voluntad del pueblo» a los principios constitucionales. Pero si, además, no se tiene en cuenta que las instituciones de autogobierno catalanas emanan de la Constitución española, estamos hablando lenguajes diferentes y diametralmente opuestos. Efectivamente, proclamar, como aspira el soberanismo agrupado en la lista única (con claros ecos de «partido único»), la independencia de manera unilateral es una acto de ilegalidad que, como bien sabe Mas, puede tener graves consecuencias. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, lo expresó con claridad: «Nadie está por encima de la Constitución ni de las leyes, que es como decir que está por encima de la voluntad del conjunto de los españoles». Como ya hemos reiterado desde estas páginas, abrir cualquier vía de diálogo supone el abandono del plan soberanista capitaneado por el presidente de la Generalitat. No hay otra vía.